Aprobada la bonificación de 20 céntimos al combustible y las medidas pactadas con transportistas

Aprobada la bonificación de 20 céntimos al combustible y las medidas pactadas con transportistas
Imagen de un surtidos de combustible
Aprobada la bonificación de 20 céntimos al combustible y las medidas pactadas con transportistas

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha dado este martes 'luz verde' a la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como al resto de medidas que la semana pasada pactó con los transportistas, como parte del llamado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

"La injustificada agresión en Ucrania ha ocasionado una guerra a las puertas de la Unión Europea, que ya está teniendo efectos económicos y sociales por los flujos de refugiados, el alza de los precios energéticos o las disrupciones en la cadena de suministro, todo ello suponiendo un shock económico que va a afectar a todos los países europeos", ha argumentado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la presentación de este plan.

En materia de transportes, este plan incluye una bonificación mínima hasta el próximo 30 de junio de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, dependiendo del tipo de carburante, de la que el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.

Respuesta a los transportistas 

Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, además del mismo descuento al combustible hasta el 30 de junio, incluyendo gasóleo, gasolina, gas y AdBlue, se ha aprobado la distribución de ayudas directas. En su conjunto, el paquete a los transportistas profesionales asciende a 1.000 millones de euros. Las ayudas directas, que sumarán 450 millones de euros, se traducirán en una cuantía de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, que incluye taxis, VTC y ambulancias.

Por otro lado, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 10 años y la del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en seis meses. También se creará una nueva línea de crédito avalada por el ICO con 12 meses de carencia.

Otras de las medidas recogidas en el acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y que este martes ha contado con la aprobación del Consejo de Ministros, son la ampliación del presupuesto de las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que pasa de 10 a 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, o la devolución mensual, y no trimestral como hasta ahora, del gasóleo profesional.

También se ha incluido una bonificación adicional del 80% a la tasa de buque y la tasa de mercancías en las líneas marítimas de conexión entre la Península y los puertos extrapeninsulares pertenecientes al sistema portuario de titularidad estatal.

Prohibición de la carga y descarga 

Todas estas nuevas medidas se suman a las ya aprobadas por el Congreso, fruto de la negociación entre el Gobierno y el CNTC en diciembre del año pasado, como la prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte, o la obligación de revisar los precios de los contratos de transporte si el precio del gasóleo sube más de un 5%.

Por último, el Gobierno se ha comprometido a presentar en un plazo de cuatro meses un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, lo que aseguraría una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, es decir, que no se puedan contratar servicios de transporte por debajo de lo que cuestan.

Foto de archivo