Redacción.-La Agencia Tributaria ha completado una extensainvestigación desarrollada durante más de un año que ha permitidodesarticular una compleja organización de fraude en el sector de loshidrocarburos que adquiría en diversos países de la Unión Europeagasóleo de automoción modificado ligeramente en su composición paraevitar los controles fiscales comunitarios.
Este producto se vendíafinalmente en diversas CCAA a estaciones de servicio «low cost» o de «marca blanca», con un doble beneficio fiscal: el impago del Impuesto deHidrocarburos gracias a la adulteración del producto, y también el del IVA,no ingresando el impuesto repercutido a sus clientes. Todo ello a partir deuna estructura empresarial que incluía gran número de sociedadesinstrumentales y testaferros.
La Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas de laAgencia Tributaria (ONII) inicia la operación, denominada «Copérnico», enel año 2018, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 deOrihuela (Alicante), si bien a la vista de los hechos puestos de manifiestodurante la investigación, el caso se traslada a la Audiencia Nacional, quecontinúa la instrucción en la actualidad, participando también la FiscalíaAnticorrupción.
Gasóleo opaco y modificado
La organización estaba especialmente implantada en la provincia deAlicante, en la que se encontraba su dirección, si bien su acción seextendía a ocho CCAA: Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia,Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Navarra.
Para desarrollar su actividad de fraude organizado en el sector de loshidrocarburos, adquiría en otros estados miembros de la UE productos decaracterísticas prácticamente idénticas al gasóleo de automoción, perodiseñados especialmente para poder circular con destino a España almargen de los procedimientos de control fiscal comunitarios, de maneraque se recibían en nuestro país de forma opaca.
Una vez el producto se encontraba ya en España, la trama distribuía elgasóleo a estaciones de servicio «low cost» sin haber pagado el ImpuestoEspecial de Hidrocarburos. La elusión del impuesto les permitía adquiriruna posición muy ventajosa en el mercado al poder ofrecer precios muycompetitivos. Paralelamente, la organización hacía suyo el IVA repercutidoy cobrado de los clientes, en lugar de ingresarlo a la Hacienda Pública.
Para ello, la organización disponía de toda una red de empresas ycolaboradores que atendían las distintas necesidades del negocio:empresas facturadoras del producto y receptoras del dinero en otrosestados miembros, sociedades instrumentales para emitir las facturas ycobrar de los clientes finales, empresas de transporte nacional einternacional, instalaciones de descarga, aprovisionamiento de aditivos yaromatizantes, así como toda una red de comerciales, contando tambiéncon varios testaferros para la ocultación de los verdaderos responsablesde la actividad.
Elusión de controles de calidad y amenazas
Para lograr los fines de la organización, el producto circulaba al amparo dedocumentos de circulación con destinatarios falsos, o con datosincompletos para evitar ser localizados. Además, se recibía eninstalaciones ajenas al sistema de control de la distribución de loshidrocarburos para, desde allí, distribuir el producto a las estaciones deservicio.
El uso de este tipo de instalaciones supone también que el producto no essometido a los controles de calidad de sus especificaciones técnicas,pudiendo su uso continuado causar, incluso, daños en los vehículos querepostan en las estaciones de servicio desde las que se hace la distribuciónminorista final, con el consiguiente fraude al consumidor. De hecho, latrama llegaba a utilizar aromatizantes para dar al producto apariencia degasóleo de calidad normal.
Además, la organización no dudaba en utilizar la coacción y amenazabacon acciones violentas para la consecución de sus objetivos, llegando,incluso, a acudir con este fin a la conocida organización «Ángeles delInfierno», considerada a nivel internacional como una auténticaorganización criminal.
Detenciones y registros
La investigación se extiende a más de 100 personas físicas de diversospaíses (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia),así como a 90 personas jurídicas españolas y de otros estados miembrosde la UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania,Dinamarca, Malta y Lituania).
En el marco de la investigación se realizaron diversas actuaciones deentrada y registro en hasta 19 oficinas, instalaciones y domiciliosparticulares, en las que participaron más de 150 funcionarios de la AgenciaTributaria, tanto de Vigilancia Aduanera como de la inspección de Aduanase Impuestos Especiales y de las Unidades de Auditoría Informática.
Resultaron detenidas 43 personas, ordenándose el ingreso en prisión de10 de ellas, y se incautaron cerca de 300.000 euros en efectivo, ademásde inmuebles, más de un centenar de cuentas bancarias, vehículos de altagama y objetos de lujo.Todas las actuaciones han sido coordinadas por la ONII, contando conVigilancia Aduanera de Alicante en funciones de policía judicial y confuncionarios específicamente designados en labores de auxilio judicial.
En la actualidad continúan los trabajos tendentes a ultimar la instrucción yla cuantificación definitiva del fraude tributario cometido, que losinvestigadores sitúan en un mínimo cercano a los 11 millones de euros.Tratándose de una causa judicial con amplias ramificacionesinternacionales, se ha abierto un expediente de cooperación judicialinternacional en el marco de Eurojust, y se han tramitado varias órdeneseuropeas de investigación de movimientos de dinero y embargos decuentas bancarias en el extranjero.
Fotos: vídeo Agencia Tributaria
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