Fenadismer insta a terminar con los intermediarios en el transporte y mantener la bonificacion a los combustibles

Foto de archivo
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Fenadismer insta a acabar con la intermediación “parasitaria” en el sector del transporte por carretera y el mantenimiento de la bonificación a los combustibles
Fenadismer insta a terminar con los intermediarios en el transporte y mantener la bonificacion a los combustibles

El Decreto-Ley 14/2022 aprobado el pasado mes de Julio, que incluyó la nueva Ley de Cadena del Transporte sobre prohibición de contratación por debajo de costes, preveía el compromiso del Gobierno de regular la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera para incentivar su uso eficiente.

Por ello desde Fenadismer han exigido al nuevo Secretario de Estado de Transportes que promueva medidas de trasparencia en la intermediación, garantizar el mantenimiento de la bonificación a los combustibles para los transportistas durante todo 2023 e instrumentos legales que permitan a los transportistas repercutir a sus clientes la nueva regulación sobre pesos y dimensiones.   

Como se recordará, el pasado mes de Julio el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el sector del transporte, fruto de los acuerdos alcanzados ese mismo mes entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera,  el cual recogió la denominada Ley de Cadena del Transporte, que incluía medidas estructurales y de reequilibrio de las relaciones comerciales entre los transportistas y sus clientes, entre otras, la generalización de la contratación por escrito y la prohibición de contratación a pérdidas en el sector del transporte de mercancías por carretera, emulando los principios de la ley de Cadena Alimentaria del sector agrario.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes no llegó a legislar sobre una de las cuestiones fundamentales e imprescindibles para evitar el actual deterioro económico que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera, como es la regulación de la subcontratación, que actualmente lo conforman más de 8.200 empresas intermediarias en España. En su lugar, el Decreto-Ley incluyó en una Disposición Final el compromiso del Gobierno de regular “el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera para incentivar su uso eficiente evitando la pérdida de valor no productiva en la cadena de subcontratación del transporte terrestre de mercancías por carretera”.

Por ello, con ocasión de la reunión mantenida este miércoles con el nuevo Secretario de Estado de Transportes, David Lucas, el Presidente de Fenadismer Julio Villaescusa le ha recordado la necesidad de poner en marcha dicho compromiso legal, arbitrando las medias que sean necesarias para dotar de transparencia y control la subcontratación del transporte por carretera en España, para acabar con la intermediación “parasitaria”, que no aporta valor añadido a la cadena de transporte y que es en gran parte responsable del deterioro económico que padecen los transportistas españoles. 

Asimismo el presidente de Fenadismer ha solicitado al nuevo Secretario de Estado el mantenimiento para el segundo semestre de este año de la bonificación a los combustibles para el sector el transporte por carretera, ante la situación de incertidumbre económica que se vive a nivel mundial, para de este modo contribuir a dar estabilidad al sector del transporte, por ser esencial para el desarrollo del resto de sectores productivos. 

Por último, de cara a las reuniones técnicas que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo con las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera para la introducción progresiva de las 44 toneladas en España, el Presidente de Fenadismer  ha advertido del riesgo de que la Unión Europea imponga en los próximos meses una regulación más exigente medioambientalmente en esta materia, lo que podría dejar fuera a los transportistas de menor tamaño por su menor capacidad de renovación de la flota, lo que sería perjudicial para los intereses de nuestro país, y ha vuelto a defender la necesidad de dotar al sector de los instrumentos legales necesarios que les permitan repercutir los posibles incrementos a sus clientes.    

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