ANETRA muestra una vez más su defensa y firme apoyo al transporte escolar frente al Gobierno

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Un autobús de transporte escolar
ANETRA muestra una vez más su defensa y firme apoyo al transporte escolar frente al Gobierno

Redacción.- En la mañana de ayer jueves 11 de febrero se celebró un nuevo encuentro entre las organizaciones miembro del Comité Nacional de Transporte por Carretera y la Dirección General de Transportes Terrestres, para trasladar al Gobierno de España la situación crítica en la que vive el transporte de viajeros por carretera español, destacando entre los sectores que lo integran el discrecional y RUE.

Nuevamente desde ANETRA solicita ampliar el límite de antigüedad de los vehículos destinados al transporte escolar ejercido por las PYMES españolas.

No es la primera vez, ni lamentablemente será la última que ANETRA solicita al Gobierno de España dicha medida con coste cero para la Administración. Fue a finales de marzo del pasado año cuando ANETRA remitió una carta a la Directora General de Transportes Terrestres en la cual se le avanzaba un conjunto de medidas que presentaría dentro del marco del Comité Nacional de Transporte por Carretera, si bien se destacaba en primer lugar que el motivo de las mismas no buscaba un beneficio para el sector discrecional y RUE al que mayoritariamente representa, sino que su fundamento era la supervivencia de las PYMES; y en segundo lugar, que algunas de ellas no generaban coste a la Administración, como era bien la ampliación bien la paralización del límite de antigüedad de los vehículos destinados al transporte escolar.

La explicación de la medida solicita por ANETRA desde finales de marzo resultaba evidente: se paralizaba la actividad pero no se detenía el calendario de servicio de los vehículos, aunque estuvieran aparcados en sus campas sin movimiento alguno.

Dos han sido las estrategias llevadas a cabo por ANETRA sobre esta medida, defendidas en todas las reuniones de alto nivel en las que ha participado durante todo este casi año en el que estamos cerca de cumplir: la ampliación de 16 a 18 años, o la paralización por un año del citado requisito.

Ante la situación excepcional en la que nos encontrábamos en la pasada primavera, se solicitó modificar el artículo 3 del Real Decreto 443/2001, sobre “condiciones de seguridad en el transporte escolar” alargando la vida útil del vehículo de 16 a 18 años, de modo que “los transportes objeto de este Real Decreto podrán ser realizados por cualquier vehículo cuya antigüedad al comienzo del curso escolar, contada desde su primera matriculación o puesta en servicio no sea superior a 18 años siempre que hayan superado favorablemente una inspección técnica extraordinaria en una estación ITV, conforme a la normativa reguladora, que versará sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles.”

Demostrando en Derecho comparado que los países de nuestro entorno en la UE, como Francia o Alemania, no tienen ni restricciones ni limitaciones de edad en los vehículos de transporte colectivo o en los utilizados para transporte escolar o de menores, y viendo que no se lograba la sensibilidad suficiente para su modificación a través de Real Decreto-ley, desde ANETRA se varió la estrategia solicitando junto con el CNTC alargar un año más el límite de antigüedad, de modo excepcional, a causa del incumplimiento de los servicios de transporte escolar derivados de la total restricciones a la movilidad de la primavera escolar.

Esta medida de apoyo económico al sector del transporte de viajeros se considera de carácter excepcional y fundamental, con coste cero para el Gobierno de España, en aras a que la transitoriedad permita aliviar la difícil situación financiera a la que están abocados los operadores que prestan este tipo de servicios, que son principalmente pequeñas y medianas empresas.

En la reunión mantenida hoy en el marco del CNTC, desde ANETRA se ha solicitado una reunión interministerial Transportes, Industria, Educación e Interior, en el que esté presente el sector, para defender encarecidamente una vez más una medida que es de justicia aprobarla por el Gobierno de España, pero que está en su mano. Es voluntad política, no sectorial.

Foto: Archivo