Onroad presenta recurso de alzada contra la DGT por ir contra la libre prestación de servicios
Redacción.- Onroad, filial española de Ornikar -primera autoescuela digital de Europa-, ha presentado un recurso de alzada contra un acto administrativo de la Dirección General de Tráfico (DGT) por el que se impide a los profesores de educación vial utilizar sus propios vehículos adaptados para impartir las clases prácticas de conducción y presentar a sus alumnos a examen, práctica que va en contra de la libre prestación de servicios.
Hasta la fecha, en España solo se pueden dar clases prácticas de conducir y presentar a los alumnos a los exámenes con los coches que estén adscritos a una autoescuela determinada. A juicio de Onroad, esta limitación impide a los profesionales de la educación vial elegir el modelo de ejercicio de la profesión que mejor se ajuste a sus necesidades profesionales y coarta su libertad.
Onroad ha propuesto a la DGT un proyecto de ‘titularidad flexible’ de los vehículos con el objetivo de transformar y modernizar la actividad del sector y, en consecuencia, aumentar su rentabilidad. La propuesta se basa en un mero cambio de la práctica administrativa de la DGT -sin la necesidad de modificar el reglamento de autoescuelas y sin coste económico ni logístico para la Institución-, para que los profesores de formación vial puedan impartir clases prácticas con sus propios vehículos adaptados, e incluso trabajar con más de una autoescuela si lo estiman oportuno, según las necesidades de cada uno.
El cambio propuesto viene avalado por el informe elaborado por el abogado del Estado en excedencia, Miguel Temboury Redondo -ex Subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad-, que alega que la práctica actual es contraria a la Directiva de Servicios 123/2006, transpuesta al derecho español por la Ley 17/2009, que impide a la DGT poner barreras innecesarias y desproporcionadas a la libre prestación de servicios.
Incumplimiento de la Directiva de Servicios
Según el informe de Temboury, la Directiva de Servicios prohíbe a los Estados Miembros imponer barreras a la libre prestación de servicios, cuando éstas no estén justificadas por la defensa de un bien común de interés general y, en caso de estarlo, sean necesarias y proporcionadas.
Si bien se puede defender que la seguridad vial es un bien común a proteger por el Reglamento de Autoescuelas -tal y como prevé la Ley de Tráfico, que justifica la regulación del mercado de la formación vial por ese mismo imperativo de seguridad vial la obligación de que el vehículo esté a nombre de la autoescuela es una obligación totalmente innecesaria y desproporcionada. Se trata más bien de una imposición administrativa requerida al mercado por la DGT con el único fin de controlar más fácilmente el registro de vehículos, sin que ello incurra en una mejor protección de la seguridad vial.
El sistema de titularidad que propone Onroad se basa en que el profesor disponga de un vehículo a su nombre, inspeccionado y avalado por la DGT, a la que se notificaría la colaboración del profesor de formación vial con una o varias autoescuelas. A día de hoy, la respuesta de Tráfico a esta propuesta sigue sin ser concluyente.
“La titularidad flexible que proponemos desde Onroad permitiría a los profesores de formación vial trabajar con sus vehículos privados adaptados y elegir la forma de ejercicio laboral que mejor se ajuste a sus necesidades. Esto puede ayudar a resolver la falta de transparencia del sector y la situación de precariedad del colectivo de profesores de formación vial, que se ha visto agravada por la incertidumbre causada por la pandemia”, apunta Miguel González-Gallarza, CEO de Onroad.
Oxígeno para el sector
Para Onroad, “un simple bloqueo administrativo está impidiendo que el sector evolucione hacia una mayor rentabilidad y resiliencia, tan necesarias en el contexto actual, en el que los profesores han sido los grandes perjudicados”. A su juicio, “la DGT sigue anclada, desde hace diez años, en una regulación desfasada y contraria a las directrices comunitarias, y continúa exigiendo que la titularidad de los vehículos esté a nombre de las autoescuelas, lo que en su opinión “impide la libre prestación de servicios por parte de los profesores de formación vial y les hace rehenes de las autoescuelas por medio de los coches”, concluye González-Gallarza.
Recurso de Alzada: recurso-alzada-onroad-dgt
Foto: Onroad
