Sólo 1 de cada 4 aseguradoras cumplen la nueva Ley de Transportes
Redacción.- Los gruistas de auxilio en carretera denuncian que sólo 1 de cada 4 aseguradoras cumplen la nueva Ley de Transportes en materia de revisión tarifaria.
Hasta el momento sólo Axa y Arag han declarado su intención de aplicar la ley, vigente desde marzo. Por el contrario, las compañías Mapfre, Allianz, Mutua Madrileña, Asitur y Race, que representan el 75% de la cuota de mercado, siguen sin cumplir el Decreto-Ley sobre repercusión en precios de los incrementos del carburante.Los empresarios de grúas de auxilio, que se encuentran mayoritariamente en pérdidas, decidirán este jueves 22 de septiembre si reactivan movilizaciones y paros en la prestación de sus servicios.
El sector del Auxilio en Carretera, unido en la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, está a punto de agotar su segunda ronda de diálogo con las compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia en viaje, para dar respuesta a las peticiones sectoriales para adecuar sus contratos de auxilio a la legalidad vigente, a fin de que como mínimo, aquellas entidades cumplan la normativa vigente sobre repercusión de costes por el incremento de los combustibles y cubran el coste y los gastos que supone mantener un servicio 24h/365 días al año, tan esencial y tan escasamente reconocido por las aseguradoras.
A fecha de hoy las compañías aseguradoras MAPFRE, ALLIANZ SEGUROS, MUTUA MADRILEÑA, la plataforma de asistencia en viaje ASITUR y el Real Automóvil Club de España (RACE) siguen expresando sus dudas sobre el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 3/22, de 1 de marzo, sobre repercusión en precios de los incrementos del carburante, y no están cumpliéndolo. Sus representantes así se lo han hecho saber a los miembros de la Alianza en diversas reuniones. Estas entidades que mantienen una cuota del mercado del auxilio y la asistencia en viaje superior al 75% se encuentran alineadas en esta decisión, eludiendo una obligación legal de la que la Alianza dará traslado en las próximas semanas tanto a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía, como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por si, además, su comportamiento pudiera constituir infracción en dichas materias.
Hasta el momento, tan sólo la Aseguradora AXA y la plataforma ARAG, han declarado su intención de aplicar la Ley, vigente desde marzo, antes de finalizar este mes de septiembre.
Así mientras se produce esta situación de incumplimiento de normativas y estrangulamiento de márgenes en las empresas de grúas de auxilio, que han situado en balances de pérdidas al 63% del sector de auxilio, las compañías aseguradoras han publicitado sus resultados del primer semestre de 2022 con beneficios de 2.662 millones de euros, un 9,3% más que el ejercicio anterior.
La Alianza prevé inminentes cierres de empresas y concursos de acreedores si no recuperan de inmediato los costes del carburante, y se revisan las tarifas en general para adecuarse a la actual situación económica, pues muchas de ellas congeladas, en muchos casos, desde hace una década, son manifiestamente insuficientes para que la mayoría de las empresas presten servicios de modo regular y suficiente para atender a la Seguridad Vial en España, donde este verano más de 120.000 servicios no se han podido prestar con la eficacia y celeridad que requieren estos incidentes viales.
Pendientes de cerrar esta segunda ronda negociadora en la que aun faltan algunas entidades como, por ejemplo, EUROPE ASSISTANCE, LINEA DIRECTA ASEGURADORA y RACC, la misma será evaluada el próximo jueves 22 de septiembre en Sevilla, en la IV edición de la Feria Internacional del rescate, auxilio y emergencias (FIRECA), donde está convocada por la Alianza y otras organizaciones a una Asamblea sectorial bajo el lema “EL 22 LAS GRUAS DECIDEN”, donde se tomarán decisiones de cara al próximo mes de octubre que podrían incluir, desde movilizaciones a la suspensión del servicio total o parcial de auxilio y asistencia en viaje en España.
El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, reiteró su llamado “a la responsabilidad de aseguradoras e intermediarios, para el estricto cumplimiento de la legalidad vigente y estudio de viabilidad de sus proveedores, que eviten la depauperación de las empresas y una escalada de la conflictividad en el sector”.
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