Mitma formaliza el contrato del estudio de tráfico y actuación en la AP-2 y AP-7
Redacción/E.P..- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado el contrato de servicios para redactar el “Estudio previo sobre distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en AP-2 Zaragoza-El Vendrell y AP-7 Tarragona-La Jonquera y necesidad de actuaciones en la Red de Carreteras del Estado”.
La fecha de finalización del plazo de ambas concesiones, gestionadas por Abertis y que suman unos 450 kilómetros, es el 31 de agosto de 2021. El importe de adjudicación es de 538.466 euros.
El objeto del estudio es recopilar los antecedentes, la realización de un estudio de tráfico y de movilidad del entorno viario de las citadas autopistas (tanto de la situación actual de la infraestructura como tras la supresión del peaje, valorando la efectividad de las alternativas de actuación que se propongan) y el estudio de otros datos básicos.
Estos datos permitirán determinar las mejores soluciones para las actuaciones que se deban acometer para acomodar la demanda en la Red de Carreteras del Estado tras la redistribución de tráfico que se producirá tras la supresión de sendos peajes en la AP-2 y AP-7, tales como la remodelación de enlaces existentes o la implantación de otros nuevos, estableciendo su programación.
La supresión del peaje y la reversión al Estado de estas autopistas sucederá a la AP-1 Burgos-Armiñón (Álava), la primera que volvió al Estado en diciembre de 2018 tras cumplir su contrato con Itínere, y al trazado de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que lo hicieron a finales del pasado año una vez vencida la concesión que tenía Abertis.
Con la contratación de este estudio de demanda el Departamento que dirige José Luis Ábalos confirma que sigue adelante con la reversión después de que tanto el Ministerio como la propia compañía de autopistas desmintieran informaciones que apuntaban a que el grupo había solicitado una extensión del plazo de concesión para compensar la caída de tráficos por la crisis.
El Ejecutivo mantiene asimismo su política respecto a las autopistas de peaje toda vez que la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan insistiera recientemente en su demanda de articular un peaje por el uso de toda la red de autovías.
El sector considera que, en la actual coyuntura de crisis y aumento del gasto público, la medida permitiría recaudar fondos para costear el mantenimiento de las vías y liberar recursos del erario público para otros fines.
El Gobierno ya apuntó al término de la anterior Legislatura la necesidad de abrir un debate para consensuar un sistema de financiación de la red de carreteras que garantice su conservación y viabilidad futura.
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