El Gobierno negocia un plan de bajas incentivadas para los estibadores
Las negociaciones entre la patronal y los sindicatos de la estiba han encallado. A pesar de las presiones del Gobierno, la empresas se niegan a subrogar el 100% de los estibadores ya que, según aseguran, la medida podría lastrar la competitividad de las firmas frente a la llegada de nuevos competidores, que no estarían obligados a contratar a los trabajadores que vienen de las Sagep. "Los sindicatos han pedido que las empresas les garanticen por contrato las condiciones que ahora tienen gracias a la ley: los elevados sueldos, el control del trabajo y que sus hijos hereden sus puestos. Esto es inaceptable, ya que supone un sobrecoste y una perdida de competitividad", explican fuentes de Pipe, la asociación de las grandes empresas portuarias.
Esta situación de bloqueo ha llevado al Gobierno a analizar la reforma de la estiba como una transformación del sector, igual que en la minería. Así, de cara a facilitar la transición y el cambio de las condiciones laborales, el Ejecutivo está negociando la opción de crear un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones pagadas por las arcas públicas, igual que los programas que se aprobaron en el proceso de transformación industrial del sector de la minería y de los astilleros.
No en vano, la actual situación laboral de los sindicatos viene de cuando eran empleados públicos, por lo que el Gobierno no descarta hacerse cargo, en parte, con el objetivo de facilitar la subrogación del grueso de los trabajadores y la transición, si es que se llega a aprobar el Real Decreto. La medida estaría pensada para un 10% de los más de 6.125 estibadores que trabajan con contratos temporales. En este punto, Puertos del Estado ya se ha ofrecido a hacerse cargo de los pasivos laborales de todos los trabajadores de las Sagep en el caso de que sean despedidos por las empresas estibadoras una vez se liberalice el sector.
Esta opción, que supondría un desembolso de 350 millones de euros en el peor de los casos, todavía tiene que ser analizada por la UE para que no se considere ayuda de Estado. Los estibadores están sujetos a la legislación de trabajadores del mar, por lo que se jubilan con 57 años (se cambió con la reforma laboral) con toda la pensión y por cada hora trabajada cotizan una hora y media.
En línea con la idea de que el Ejecutivo elabore un plan de bajas incentivadas, la patronal Anesco ha solicitado "que se articule un plan de reforma del sector de la estiba, promovido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con dotaciones de ayudas públicas".
"Las empresas no tienen la capacidad de negociar con los sindicatos muchos cambios que requiere el sector. No se puede resolver vía convenio colectivo. Se necesita un plan de reestructuración, una reforma del sector que le corresponde al Gobierno llevar a cabo", explica José Luis Almazán, vicepresidente de Pipe. "Es inaceptable que las empresas subroguen al 100% de los trabajadores bajo las mismas condiciones", explica.
Un 30% menos
La productividad de los puertos de Algeciras y Valencia ha caído un 30% de media desde que estalló la guerra de la estiba. Las huelgas encubiertas, que se han traducido en un descenso de los movimientos por hora de 20 a dos, han llevado a las navieras a desviar sus barcos a otros puertos vecinos para evitar los colapsos. Así, según denuncia Maersk, Algeciras ha perdido el 20% de su actividad por la desconfianza de los clientes.
Fuente: eleconomista.es
