Piden 2 años de cárcel y multa de 50.000 euros para los dueños de una empresa de transportes

Redacción.- Hoy, el Tribunal de la localidad de Den Bosch en los Países Bajos, escuchó un caso contra dos sospechosos, padre e hijo, dueños de una empresa de transporte, de tráfico de personas, según un comunicado del Ministerio Público.

Según el Ministerio Público (OM), los dos hombres dejaron trabajar al menos a 9 empleados sin permiso de trabajo y les pagaron en dinero negro. Los sospechosos querían evitar tener que pagar contribuciones a la seguridad social e impuestos. El Ministerio Público exigió 24 meses de prisión y una multa de 50.000 euros a ambos sospechosos.

La empresa de transporte de los sospechosos -de la que no se ha facilitado el nombre-, utilizó al menos 27 conductores para realizar el trabajo, incluidos nueve de nacionalidad turca. Según el fiscal, la empresa no contaba con los permisos necesarios para permitir que estos conductores extranjeros realizaran trabajos en los Países Bajos. Para que la contratación de los conductores extranjeros pareciera legítima, la empresa utilizó una contratación simulada, según el Ministerio Público, a través de una empresa búlgara. Por ejemplo, los conductores no estaban incluidos en las declaraciones de impuestos sobre la nómina de 2019, lo que salvó a la empresa de los impuestos obligatorios sobre la nómina y las contribuciones patronales de más de 60.000 euros.

Multa administrativa

La empresa fue multada anteriormente por 27 violaciones de la Ley de Empleo de Extranjeros. Además, se incautaron un camión y cuentas bancarias de la empresa para asegurar que se recuperara la multa impuesta. El caso administrativo ahora es irrevocable.

La investigación criminal sobre el tráfico de personas comenzó en marzo de 2020, facilitando el estado de alguien que el sospechoso sabe o debería sospechar que la estancia es ilegal con fines de lucro. El motivo de esta investigación fue el informe de multa administrativa. Durante la investigación se recopiló información sobre los sospechosos, se solicitó información a las autoridades tributarias, al mostrador de la cadena en relación con los permisos de trabajo y a los contables.

Seriedad de los hechos

El tráfico de personas interfiere con la política gubernamental para combatir la entrada ilegal a los Países Bajos y otros países de la Unión Europea y la residencia ilegal en los Países Bajos. Los sospechosos deben ser acusados ​​de que sus acciones contribuyeron a un circuito ilegal. Además, trabajar sin permiso puede ser peligroso, porque el proceso se desarrolla sin control. Tanto técnicamente como en términos de daños a la salud.

Todo el mundo tiene que pagar impuestos. La tesorería se llena de ella y con ella el gobierno puede realizar gastos con recursos públicos que nos beneficien a todos. Al frustrar este sistema, los sospechosos perjudicaron al Estado holandés y, por lo tanto, a sus conciudadanos, incluidos sus empleados, con respecto a los derechos que pueden derivar sobre la base de las contribuciones sociales y la acumulación de pensiones.

Peticiones del Fiscal

Según el oficial, ambos sospechosos dejaron trabajar al menos a 9 empleados sin un permiso de trabajo y les pagaron en dinero negro. Querían evitar tener que pagar contribuciones a la seguridad social e impuestos. Los sospechosos llevaron a cabo esta práctica conjuntamente dentro de la empresa durante un período de tiempo más largo e incluso continuaron después de que se dejó en claro que los conductores no podían trabajar aquí.

El oficial exigió una pena de prisión incondicional de 24 meses contra ambos sospechosos. Pidió una multa de 50.000 euros a la empresa. Uno de los dos sospechosos, el hijo, parece tener nuevos negocios a su nombre, según el oficial y estuvo en libertad condicional durante 2 semanas en libertad condicional por infracciones de tránsito. Su implementación aún está pendiente. El segundo sospechoso, el padre, nunca ha sido condenado por delitos similares. Anteriormente fue multado. Nada de esto ha sido pagado.

La empresa de transporte no tiene antecedentes penales y fue declarada en quiebra en enero de 2021. Un administrador de la quiebra considera las deudas, incluida la multa administrativa. Debido a que aún no se ha pagado, el Ministerio Público cree que un acuerdo penal ofrece una señal disuasoria. El Tribunal dictará sentencia el 13 de julio.

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