Piden 5 años de cárcel para el presidente de una cooperativa acusado de quedarse 74.506 euros de 2 transportistas

Imagen del símbolo de la justicia. Foto de archivo
Símbolo de la justicia. Foto de archivo
El Fiscal sostiene que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida
Piden 5 años de cárcel para el presidente de una cooperativa acusado de quedarse 74.506 euros de 2 transportistas

El Fiscal ha pedido una pena de cinco años de cárcel para el presidente de una cooperativa acusado de quedarse con 74.506 euros que debía a abonar a dos transportistas que le prestaron servicios en calidad de autónomos, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.

El inicio del juicio esta previsto el jueves, 22 de junio, a las 9:30 horas en la Sala 007 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.

Los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando uno de los presuntos perjudicados formalizó un contrato de adhesión como trabajador asociado a la cooperativa. En función de ello, debía realizar funciones de transportista con su propio vehículo y en régimen de autónomo, llevando los paquetes a clientes a los que se facturaba a través de la cooperativa.

En este sentido, era la cooperativa la encargada de realizar los cobros y abonar su pago al socio cooperativista. En el ejercicio de sus funciones como transportista, el acusador facturó a sus clientes, por medio de la cooperativa, hasta 74.392 euros.

Sin embargo, una vez realizada la facturación por la cooperativa, se procedió a abonar al transportista la cantidad de 3.500 euros correspondiente a dicho periodo, restando por abonar la cantidad de 70.892 euros. Según el Fiscal, el acusado incorporó esa cantidad a su propio patrimonio "guiado por el ánimo de lucro ilícito".

El segundo presunto perjudicado también formalizó un contrato de adhesión a la cooperativa el 13 de agosto de 2012 y causó baja el 26 de enero de 2015. El acusado procedió, en su calidad de presidente de la cooperativa, a retenerle 3.614 euros correspondientes a la facturación derivada de los servicios prestados a la misma e incorporó dicha cantidad a su propio patrimonio, según el Ministerio Público.

Por todo ello, el Fiscal sostiene que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida por el que procede imponer al acusado la pena de cinco años de cárcel y una multa de 1.980 euros. En concepto de responsabilidad civil, pide que abone a los denunciantes la cantidad adeudada a cada uno de ellos.

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