El Gobierno Vasco desestima las medidas cautelares solicitadas por las empresas de transporte escolar

Imagen de un autobús de transporte escolar. Foto de archivo
Imagen de un autobús de transporte escolar. Foto de archivo
Gobierno Vasco recuerda a las empresas la "obligatoriedad legal" de prestar el servicio mientras se resuelven los recursos
El Gobierno Vasco desestima las medidas cautelares solicitadas por las empresas de transporte escolar

El Departamento de Educación ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por las empresas de transporte escolar en sus recursos contra la orden del consejero, Jokin Bildarratz, que ordena la continuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado que curse las enseñanzas de tercer curso del Primer Ciclo de Educación Infantil, Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.

Educación ha comunicado a las empresas recurrentes la orden por la que se desestiman las solicitudes de medidas cautelares interpuestas al Gobierno Vasco ante la Orden de ejecución forzosa publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado martes 5 de septiembre.

Tras analizar los recursos por parte de los servicios jurídicos del Departamento de Educación, se constata por estos que la argumentación desplegada "no justifica jurídicamente una resolución en la línea de lo solicitado por los 39 recursos recibidos, todos ellos idénticos", según ha precisado la Consejería de Bildarratz en un comunicado.

Los servicios jurídicos del Departamento de Educación concluyen que los argumentos jurídicos presentados ante el Gobierno Vasco "no cumplen con los requisitos legales para la estimación de las medidas cautelares". Mientras se resuelven los recursos presentados, el Gobierno Vasco ha recordado a las empresas la "obligatoriedad legal" de prestar el servicio de transporte escolar en base a la orden de ejecución forzosa.

Por su parte, los abogados de la treintena de empresas de transporte escolar que han decidido presentar recursos administrativos ante el propio Gobierno vasco contra la orden de Educación aseguran que "no pueden obligarles a prestar el servicio hasta que no se resuelvan los recursos administrativos" planteados.

En su comunicado, el Departamento de Educación recuerda que el artículo 117 de la de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige como requisito para la estimación de la medida cautelar, en este caso, la solicitud de la suspensión del acto recurrido, "que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, y que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la propia Ley 39/2015". En respuesta a los recursos, el Departamento de Educación fundamenta jurídicamente su resolución, argumentando que "no se cumplen ninguno de los dos supuestos anteriormente recogidos".

Nuevo contrato

Por ello, tras desestimar la solicitud de medidas cautelares y mientras la administración resuelve los recursos presentados, el Gobierno Vasco reitera a las empresas su obligación de continuar en la prestación del servicio de transporte escolar, "hasta el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato que incluya dichos servicios". Como remuneración por dicha prestación del servicio, precisa Educación, "se procederá al abono del coste efectivo de la prestación del servicio correspondiente, más el coste correspondiente al beneficio industrial, que se cuantifica en el 6%".

Así, añade Educación, "siendo remunerada la prestación, estableciéndose que se sufragará la totalidad del coste que la prestación del servicio le cause a cada compañía, e incluso previéndose una rentabilidad del 6%, difícilmente cabe concluir que la no adopción de la medida cautelar pueda causar perjuicio alguno" a las compañías de transporte.

En relación otro de los motivos alegados por las empresas recurrentes -una supuesta imposibilidad de obtener a tiempo la autorización otorgada por la diputación foral correspondiente, necesaria para poder llevar a cabo el transporte escolar-, los servicio jurídicos consideran que la premisa sobre la que se basa el argumento "es falsa" y apunta que, "en el caso del transporte escolar de los centros públicos, existe un proceder particular para la emisión de dichas autorizaciones acordado con cada una de las diputaciones forales".

En esa línea, explica que, "con independencia de las solicitudes de autorizaciones que plantea cada compañía, y dado que, en muchos casos, algunos de los concretos datos exigidos para el otorgamiento de la autorización no se conocen hasta el mismo día del inicio de la prestación del servicio (el inicio del curso)", las diputaciones forales y el Departamento de Educación tienen acordado que, "coincidiendo con el inicio del curso, y una vez conocido quienes serán las concretas compañías que prestan el servicio, los detalles de cada autobús, cada concreta línea y el número específico de alumnos que viajarán en cada autobús", Educación remita toda la información a las diputaciones forales.

Con la remisión de dicha información, detalla Educación, las diputaciones forales "dan por autorizados provisionalmente de forma automática cada uno de los autobuses identificados, formalizándose definitivamente dichas autorizaciones en el momento en el que cada compañía realiza la oportuna solicitud de autorización y aporta la documentación necesaria". Esta es la forma de proceder "acordada y consensuada con cada una de las diputaciones, que se viene aplicando en los últimos años", ha remarcado la Consejería.

Asimismo, ha recordado que en el pasado inicio de curso 2022-2023 "no existió ningún problema para prestar el servicio de transporte escolar, a pesar de que el acuerdo entre empresas y el Gobierno Vasco se alcanzó la noche anterior al inicio del curso escolar, escasas horas antes de que los autocares tuvieran que prestar el servicio".

Servicio "esencial"

Los servicios jurídicos recuerdan que el transporte escolar es "un servicio esencial, íntimamente vinculado con el derecho fundamental a la educación". Además, añaden que las rutas objeto de la Orden publicada el 5 de septiembre "afectan directamente a cerca de 10.000 alumnos -y sus familias-, y por tanto, la no prestación del servicio atenta directamente a su derecho fundamental a la educación". Se aprecian, por tanto, "motivos de interés general que aconsejan la desestimación de la medida", reiteran.

Con todo ello, el Departamento de Educación, con la Orden de desestimación de la solicitud de medidas cautelares, y mientras se procede al análisis de los recursos presentados ante la administración, recuerda "la obligatoriedad legal de las empresas a prestar el servicio de transporte escolar desde el momento de la propia publicación de la Orden, el pasado 5 de septiembre en el BOPV".

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