Más de mil transportistas circulan con certificaciones falsas de aptitud profesional
El jefe de sección de Fomento, que podría haber causado un perjuicio de medio millón a la Consejería, rechaza declarar y hoy pasará ante el juez.
Más de un millar de transportistas circulan en estos días por las carreteras con un Certificado de Aptitud Profesional (CAP) falsificado. O, lo que es lo mismo, van al volante de un autobús de pasajeros o de un camión, incluso de un vehículo de gran tonelaje, sin haber realizado los cursos teórico y práctico que le habrían habilitado oficialmente para desempeñar tan comprometida tarea. Tal conclusión se obtiene de los últimos datos conocidos sobre una presunta trama dedicada a la emisión fraudulenta de los mencionados CAP, que acaba de ser desmantelada por el Cuerpo Nacional de Policía y que se sospecha que ha expedido ilícitamente más de un millar de las mencionadas tarjetas.
Las sospechas de los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía apuntan a que un funcionario de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, un jefe de sección del servicio de expedición de tarjetas de transportes y puertos, habría estado otorgando esos CAP de manera supuestamente ilegal. En apariencia, los beneficiarios habrían obtenido el certificado sin necesidad de someterse a los cursos teóricos de 130 horas y a los prácticos de 10 horas que son obligados para acreditar la capacitación profesional.
Se da la circunstancia de que ese empleado público está vinculado, presuntamente, a una academia de formación de San Pedro del Pinatar en el que se realizan los mencionados cursos. Algo que habría facilitado la expedición de esos documentos a los alumnos, presuntamente a cambio de cantidades indeterminadas de dinero y sin necesidad de completar la formación.
Fuentes próximas al caso informaron ayer a 'La Verdad' de que el sospechoso se encuentra detenido en dependencias policiales de Murcia, donde se habría acogido a su derecho a no declarar. Todo apunta a que hoy será puesto a disposición del juez, junto a los otros cinco detenidos por su presunta vinculación con la red delictiva: empresarios y empleados relacionados con empresas de transporte y con academias de formación.
Se estima que el volumen del presunto fraude podría rondar el medio millón de euros, en lo que se refiere a la Administración regional, además de otros 150.000 euros en pagos no satisfechos a la Seguridad Social. Sin embargo, tanto la cuantía total defraudada como la cifra definitiva de CAP presuntamente falsificados se conocerá cuando se analice la numerosa documentación intervenida en los registros.
Comparecencia de Rivera
El muy previsible, asimismo, que la operación policial tenga una segunda fase, centrada en los transportistas que han podido beneficiarse ilícitamente de las actividades de esa red. En su caso, resulta evidente que las tarjetas de transporte serán anuladas, lo que les obligará a realizar los cursos pertinentes si quieren seguir trabajando en el sector.
El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, anunció ayer que su grupo ha pedido la comparecencia del consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, con el objetivo de que explique las razones por las cuales la Policía Nacional detuvo el miércoles a un funcionario de la Dirección General de Transportes por presuntas irregularidades en la expedición de tarjetas CAP.
Urralburu dejó constancia además de que «nos sorprende muchísimo que, precisamente, cuando Rivera se va de viaje haya una operación policial en la consejería, con detenidos. Nos tiene que ofrecer unas explicaciones que no nos ha dado». Desde la Administración regional se dejó constancia ya este miércoles de que se va a abrir una investigación interna y de que se depurarán responsabilidades por el presunto fraude.
