La Diputación de Gipuzkoa insiste en que el peaje para camiones de la N-I “no tiene vuelta atrás”

Según informa noticiasdenavarra.com Aintzane Oiarbide afirma que el Ejecutivo foral defenderá en el Supremo que el canon “no es discriminatorio” y que, por el momento, no se contempla un escenario en el que sea necesario cambiar las tarifas.

“El peaje para camiones de la N-I no tiene marcha atrás. Se implantó por el interés público de Gipuzkoa y seguiremos adelante con el mandato que nos dieron las Juntas Generales”.

Así de contundente se mostró ayer la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, quien pidió a los transportistas que no se generen “falsas expectativas”, ya que la Diputación no tiene ninguna intención de dejar sin valor el peaje que entró en vigor el pasado 9 de enero y cuyas tarifas han sido cuestionadas ahora por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

En este sentido, recordó que el fallo judicial no pone en duda el peaje en sí mismo, sino que considera que incurre en una discriminación indirecta que favorece a los transportistas locales, ya que se grava en mayor medida entrar y salir del territorio, recorrido que hacen en mayor medida los foráneos, que circular por él.

Por ello, la diputada insistió en que el peaje para camiones “ha llegado para quedarse”. “Se trata de una medida impulsada para proteger el interés general y cuenta con el aval jurídico expresado por la Comisión Europea”, insistió. Oiarbide informó que, el Consejo de Gobierno foral aprobó ayer “formalmente” recurrir la sentencia del TSJPV, apelación que deberán presentar antes del próximo 29 de mayo.

Y mientras no haya una resolución del Supremo, Gipuzkoa continuará cobrando el peaje de la N-I tal y como lo aprobaron las Juntas Generales. En este sentido confesó que, al menos por el momento, no contempla el escenario de tener que cambiar la tarificación del mismo y anunció que los esfuerzos del Ejecutivo foral se centrarán en armar los argumentos sobre los que sustentarán el recurso de casación que presentarán en el Tribunal Supremo.

La diputada reconoció que, aunque respetan el fallo judicial, “no lo compartimos”. “Veremos qué recorrido tiene en los tribunales”, espetó la responsable foral de las carreteras, que señaló que se ha llevado a cabo un “procedimiento exhaustivo y totalmente respetuoso con la legalidad comunitaria”.

TRABAJO ESCRUPULOSO

En este sentido, Oiarbide defendió que la Diputación y sus servicios jurídicos llevaron a cabo un “trabajo escrupuloso” antes de aprobar la norma foral que regula el peaje e implantar el sistema de cobro. Explicó que, para solicitar el dictamen de la Comisión Europea, optaron por seguir el formulario opcional, en el que se pide información “muy detallada” sobre el peaje a implantar.

La Diputación recibió la respuesta de Europa a través del Ministerio de Fomento que, además de la resolución comunitaria favorable, adjuntó una carta en la que interpretaba que se cumplía con la normativa europea y no se discriminaba a los transportistas por razón de su origen, ni de forma directa ni indirecta.

A juicio de Oiarbide, este procedimiento demuestra que la Diputación “ha cumplido con los trámites para conseguir el aval jurídico de la Comisión Europea”, y lo ha hecho gracias a un “trabajo absolutamente exquisito”.

“Éramos muy conscientes de que no podíamos incurrir en una discriminación directa ni indirecta. El gabinete jurídico validó que el sistema no incurría en ninguna de las dos y seguiremos trabajando intensamente en demostrarlo”, concluyó la diputada.

“VARAPALO”

Por su parte, el portavoz del PP en las Juntas Generales, Juan Carlos Cano, consideró que la sentencia del TSJPV merece una “reflexión profunda”, ya que supone un “varapalo judicial” a la estrategia de peajes de Gipuzkoa.

Para Cano, el Ejecutivo foral debe “dejar claro” que “la solución no pasará por incluir peajes a los vehículos ligeros ni por incrementar la tarificación de los transportistas locales”.

A juicio del portavoz popular, el Gobierno foral debería haberse “apoyado en la Administración del Estado para solicitar los fondos europeos que financiasen la construcción de carreteras”, lo que hubiese permitido “tener más margen para buscar soluciones para financiar el mantenimiento” de las mismas.