Europa Press.- Los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Gipuzkoa han criticado la gestión realizada por el Gobierno foral con los peajes a camiones en la N-I y A-15, y han denunciado que PNV y PSE «no asumen su responsabilidad por los peajes cobrados indebidamente» a los transportistas.
En la sesión plenaria de este miércoles en la Cámara foral, EH Bildu ha interpelado al Gobierno foral en torno a la «pésima» gestión realizada con los peajes y ha criticado la «inseguridad jurídica máxima, con dos normas forales consecutivas tumbadas por los tribunales y un incierto futuro con miles de euros que se prevén en indemnizaciones a los transportistas afectados».
Así, ha lamentado que el Ejecutivo de Markel Olano «ha evitado asumir responsabilidades por «no haber actuado con la necesaria prudencia» y no haber dejado de cobrar los peajes, a pesar de «las reiteradas advertencias que le llegaban desde el sector y desde las mismas Juntas Generales sobre lo que podía pasar si continuaban por ese camino».
Oskar Bordes, juntero de EH Bildu, ha recordado que tras conocer la suspensión de las normas forales por el juez, «tanto las organizaciones representativas del sector del transporte por carretera como nuestro grupo juntero solicitamos en varias ocasiones la suspensión del cobro del peaje» y ha añadido que la coalición soberanista «pidió por activa y por pasiva al Gobierno foral que actuara con prudencia y que dejara de cobrar el canon, pero no nos hicieron caso».
Asimismo, EH Bildu ha recriminado al Gobierno foral que esté utilizando «todos los trucos a su alcance para no devolver automáticamente los peajes mal cobrados». «¿Cómo explicas a las personas que pagan sus impuestos y sus cánones de manera puntual y correcta que, en el caso de la Diputación le cobre de más, no les van a devolver el dinero automáticamente sino que van a tener que reclamarlo en un largo trámite judicial?, ha cuestionado.
«Nefasta e ineficaz»
La juntera de Elkarrekin Gipuzkoa Arantza González ha calificado también la gestión de «nefasta e ineficaz», porque, por un lado, esos peajes «no han logrado trasvasar el tráfico pesado de las carreteras N-1 y A-15 a la AP-1 y la AP-8, objetivo que se marcó la Diputación», y por otro, porque el dinero recaudado por las dos normas anuladas «se va a quedar corto para hacer frente a las posibles devoluciones y a los gastos que está generando».
De este modo, ha lamentado que un sector «esencial» como el del transporte de mercancías por carretera «ve cómo se incrementan sus problemas para seguir adelante», y cómo una Administración pública que «debería estar para facilitar su viabilidad hace todo lo contrario, y le somete a cargas económicas y judiciales que no tienen nada que ver con su actividad ordinaria».
Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha considerado que, desde el inicio, la Diputación «no ha tenido intención de llegar a un entendimiento con el sector del transporte, y, sabiéndose en una posición de ventaja, decidió no recular, emprendiendo una huida hacia adelante en este despropósito en el que se han convertido los peajes».
El PP, que ha advertido de que «los guipuzcoanos terminaremos pagando por los desorbitados peajes» que ha implantado la institución foral, ha aprobado la exigencia de la devolución de lo recaudado indebidamente por los peajes, contenida en la propuesta de Elkarrekin Gipuzkoa, así como la enmienda de PNV y PSE «porque en ella se propone el respeto y la intención de acatar las resoluciones judiciales, algo básico y que está fuera de toda discusión».
En concreto, la propuesta de jeltzales y socialistas señala que las Juntas de Gipuzkoa «respetan y acatan» las resoluciones judiciales que los distintos tribunales dicten ante las reclamaciones presentadas como consecuencia de la aplicación de las normas forales 7/2016 y 8/2018, e instan a la Diputación a «dar cumplimiento a las mismas en los términos que las propias sentencias lo determinen».
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