La Comisión Europea ha pedido a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Eslovenia, Finlandia, Malta y Polonia que transpongan correctamente las normas sobre el desplazamiento de conductores,
Por ello La Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Dinamarca y Francia por no haber notificado a la Comisión todas las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2020/1057 a la legislación nacional.
La Comisión también decidió enviar dictámenes motivados a Bélgica, Bulgaria, Italia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Finlandia, por no haber notificado a la Comisión que han transpuesto todas las medidas en virtud de la Directiva (UE) 2020/1057en la legislación nacional.
Esta Directiva establece las normas de la UE para el desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera, garantiza el derecho de un conductor a recibir el salario del país al que ha sido enviado y establece un marco legal claro para los operadores en la realización de sus operaciones (por ejemplo, una lista cerrada de requisitos administrativos y medidas de control). Los Estados miembros tenían que adoptar medidas nacionales para transponer la Directiva antes del 2 de febrero de 2022.
Dinamarca y Francia no han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la plena transposición de la Directiva a la legislación nacional y/o no han notificado estas medidas a la Comisión. Por lo tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a los dos Estados miembros, que ahora tienen dos meses para responder y abordar las deficiencias planteadas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir emitir un dictamen motivado.
Bélgica, Bulgaria, Italia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Finlandia no han indicado, de manera suficientemente clara y precisa, todas las medidas nacionales que consideran corresponden a las diferentes obligaciones impuestas por la Directiva. Por ello, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a estos Estados miembros ahora tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión puede decidir llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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