Tras la publicación, el pasado mes de octubre de la nueva red de itinerarios y las condiciones de circulación para los euromodulares, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha trasladado a la Dirección General de Tráfico (DGT) la necesidad de introducir diversas correcciones.
«Numerosas empresas de transporte se han visto gravemente afectadas, puesto que las limitaciones aprobadas imposibilitan en muchos casos la utilización de estos vehículos, esenciales para garantizar la eficiencia y competitividad del sector», afirman desde la confederación empresarial del transporte.
Consideran que «la circulación de los megacamiones se reguló en 2016 estableciendo una red de itinerarios y previa solicitud de la autorización especial en las Jefaturas provinciales o locales de Tráfico. Sin embargo, nueve años después, y para sorpresa de la CETM, la DGT ha eliminado tramos de vías que son imprescindibles para acceder a los principales centros de carga y descarga».
«Asimismo, la reducción del tramo permitido fuera de la red (que pasa de 25 a solo 10 kilómetros para entrar o salir de los itinerarios autorizados) ha dejado sin servicio a numerosos enclaves estratégicos», resaltan en un comunicado.
Los accesos a polígonos y zonas industriales
«Un ejemplo especialmente significativo es el de Andalucía, donde la principal autovía vertebradora, la A-92, solo está autorizada para circular con euromodulares en un pequeño tramo en la zona de Carboneras (Almería), mientras que para desplazarse de Sevilla a Málaga es necesario realizar un rodeo pasando previamente por Córdoba, y en Huelva, no se puede acceder ni al puerto ni a la mayoría de los centros industriales.
Además, se registran situaciones similares en Castellón, donde el acceso al puerto o empresas de la industria cerámica queda prácticamente bloqueado o en Extremadura, donde la prohibición de circular por la Carretera de la Sierra impide la conexión con Huelva. Y estos son solo algunos ejemplos, puesto que se están registrando restricciones que dificultan gravemente la operativa del sector en todos los territorios.
Estos son los requisitos técnicos para circular con camiones euro-modulares o duotrailers
Resulta incoherente que, existiendo hasta ahora permisos para circular por determinadas carreteras y sin que haya existido incidentes de relevancia, estos se eliminen sin justificación y se establezcan límites que hacen inviable continuar prestando servicio a clientes a los que ya se atendía con normalidad. Estas restricciones suponen un retroceso evidente en términos de competitividad y eficiencia».
La indiferencia de la DGT
Desde la CETM lamentan que la DGT haya ignorado los informes, datos y observaciones trasladados por las asociaciones del sector y que haya elaborado una normativa alejada de la realidad operativa del transporte de mercancías por carretera.
Afirman que «Esta situación no solo restringe la actividad del transporte, sino que afecta a toda la cadena logística y productiva del país. Esto está generando conflictos porque los transportistas se ven obligados a desdoblar el viaje o recorrer muchos kilómetros adicionales, y los cargadores no quieren asumir esos costes extra. Además, contraviene la estrategia del propio Gobierno y de la DGT, que han defendido el uso de euromodulares como herramienta para mejorar la eficiencia, reducir vehículos en carretera y disminuir el número de desplazamientos».
Por lo que en definitiva, los nuevos requisitos y limitaciones han generado un escenario insostenible:
.- Red de vías insuficiente y con tramos eliminados sin justificación.
.- Restricciones que impiden el acceso a centros logísticos, polígonos industriales, fábricas y bases de transporte situados fuera del radio de 10 kilómetros.
.- Pérdida de competitividad y perjuicios económicos para empresas y cargadores.
Por todo ello, desde la CETM exigen a la Dirección General de Tráfico la celebración urgente de una reunión con el sector para corregir de manera inmediata esta situación. De no producirse avances en un plazo razonable, la Confederación se verá obligada a emprender las acciones legales oportunas para defender los intereses de las empresas de transporte y garantizar la seguridad jurídica del sector.
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