La Policía Nacional de Lugo anunció este viernes la detención de un empresario, propietario de una empresa de transportes en la provincia, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Se sospecha que mantenía a un empleado extranjero sometido a unas condiciones laborales pésimas, obligándolo a hacer jornadas largas y extenuantes, y que cobraba un salario muy por debajo de lo que pactaron cuando lo trajo a España con la promesa de regularizarlo ante la Seguridad Social, cosa que nunca hizo.
La actuación policial se inició a raíz de la denuncia presentada por este ciudadano extranjero, quien aseguró haber llegado a Lugo tras recibir la promesa de un empleo legal. Según su testimonio, el empresario le garantizó que «se encargaría personalmente de regularizar su situación administrativa en España».
Varios incumplimientos legales
Una vez en la provincia de Lugo, el denunciante comenzó a trabajar sin contrato laboral, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin contar con la formación necesaria para el desempeño del puesto. Las jornadas, según relató, eran especialmente exigentes, extendiéndose «desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, de lunes a viernes», con trabajos de gran dureza física, según publica La Voz de Galicia.
El trabajador también puso de manifiesto las deficientes condiciones en las que desarrollaba su labor, señalando la existencia de «excesivo polvo, ausencia de protecciones y falta de herramientas o medios adecuados». A ello se sumaba el cobro de un salario muy inferior al inicialmente pactado, una situación que, según afirmó, le generó «una grave precariedad tanto a nivel personal como laboral».
Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Nacional de Lugo permitieron identificar al presunto responsable de los hechos, procediendo a su detención. El empresario fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
Desde la Policía Nacional de Lugo se recuerda que «este tipo de situaciones constituyen un delito» y se insiste en «la obligatoriedad de cumplir con las normativas legales vigentes en materia laboral y de extranjería», subrayando la importancia de denunciar cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores.





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