“En mis conversaciones con las empresas de transporte, me preocupa enormemente la situación económica y la supervivencia de sus negocios”, declara el portavoz de la junta directiva de BGL, el Prof. Dr. Dirk Engelhardt, sobre la situación del sector del transporte alemán en el contexto de la explosión del precio del gasóleo. “Muchas empresas medianas están llegando al límite de su capacidad económica en tan solo unos días debido a la explosión del precio del diésel. Dado que el 85 % de las mercancías se transportan por camión, esto no solo pone en peligro a las empresas, sino también el suministro diario de mercancías a la población y a la economía”.
«Con nuestro ‘Plan de Acción para Asegurar las Cadenas de Suministro’, los responsables políticos tienen a su disposición las herramientas necesarias para responder al aumento repentino del precio del gasóleo. Es crucial que el gobierno federal actúe con rapidez, sin burocracia y de forma eficaz para asegurar la liquidez, prevenir insolvencias y estabilizar la funcionalidad de las cadenas de suministro», continuó el profesor Engelhardt.
En concreto, en su plan de acción, la BGL pide, entre otras cosas, un límite al precio del diésel, ayudas de liquidez a bajo interés y una referencia oficial diaria complementaria del diésel para las cláusulas de ajuste de precios, de modo que las empresas afectadas sigan siendo económicamente viables en la crisis actual.
La explosión del precio del gasóleo está afectando especialmente al sector del transporte, ya que el coste del combustible representa aproximadamente un tercio de los costes totales: un aumento del 10 % en el precio del diésel se traduce en un aumento del 3 % en los costes totales .
El actual aumento del precio del combustible diésel, de hasta un 28 %, supone, por lo tanto, un aumento total del coste de aproximadamente el 9 %. A esto se suman un impuesto sobre la energía de 47 céntimos por litro, un impuesto sobre el CO2 de aproximadamente 20 céntimos por litro y peajes para camiones de unos 35 céntimos por kilómetro, de los cuales casi 16 céntimos por kilómetro corresponden a un recargo por CO2.
Dados los bajos márgenes de beneficio del transporte de mercancías por carretera (entre el 0,1 % y el 3 %), es urgente la acción política.
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