Aumenta la tensión en el sector del transporte por carretera italiano tras las últimas decisiones del gobierno sobre los precios del gasóleo. El sector lanza una clara advertencia: sin medidas correctivas inmediatas, muchas empresas se verán obligadas a suspender sus servicios, con graves repercusiones en el sistema productivo nacional.
«El sector está sumamente preocupado. Si prevalecen los argumentos burocráticos, las consecuencias recaerán directamente sobre el sistema productivo. No hay alternativa: las empresas no podrán hacer frente a la situación». Así lo afirmó Paolo Uggè, presidente de la FAI – Federación Italiana de Transportistas por Carretera.
La cuestión clave se refiere al posible aumento de 20 céntimos por litro en el precio del gasóleo, lo que afectaría a las empresas que han invertido en vehículos más avanzados en términos de seguridad y protección ambiental.
«Para el transporte por carretera, el mecanismo introducido en 2004 de conformidad con la directiva europea, que permite la alineación de los costes del gasóleo con el precio medio europeo mediante la compensación del impuesto especial de 27 céntimos por litro, quedaría efectivamente eliminado», explica Uggè.
Actualmente, las empresas se abastecen principalmente fuera de la red, utilizando este sistema, que ha mantenido los costes en línea con los estándares europeos.
La propuesta del sector es sencilla y no afectará a las arcas del Estado: las empresas seguirían compensando el impuesto especial utilizando los métodos existentes, mientras que las que compran en la red se beneficiarían del descuento general, compensando solo 7 céntimos. Esto evitaría cualquier coste adicional más allá de los previstos en la ley de presupuestos.
Según Uggè, «una medida no selectiva penalizaría a los más Las empresas virtuosas, aquellas que han invertido en seguridad y protección ambiental, ya que solo los vehículos Euro 5 y Euro 6 pueden beneficiarse de los planes de compensación actualmente disponibles».
Otra prioridad es la liquidez: los operadores solicitan la posibilidad de aplazar el pago de las contribuciones, una medida que proporcionaría un alivio inmediato a las empresas sin reducir los ingresos anuales del Estado.
El mensaje de la FAI al gobierno es claro: «Sin medidas correctivas específicas e inmediatas, el debate corre el riesgo de convertirse en un conflicto abierto con consecuencias directas para la continuidad de los servicios de transporte de mercancías».
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