La multitud de protestas llevadas a cabo por los agricultores en toda Europa desde hace varias semanas han perturbado gravemente las cadenas logísticas. Han bloqueado rutas clave, incluidos enlaces de autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, atacando camiones y destruyendo las mercancías, a menudo con la policía como testigo pasivo.
El coste para los conductores y las empresas de transporte es enorme y va en aumento. Desde la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), consideran que se necesita una compensación por las consecuencias.
Los conductores profesionales quedan atrapados en la carretera, siendo efectivamente rehenes durante largos períodos sin acceso a alimentos, agua ni instalaciones sanitarias, mientras las mercancías se entregan con enormes retrasos. IRU ya ha pedido a las autoridades nacionales y de la UE que hagan más para mantener abiertas las rutas comerciales y de movilidad vitales.
El coste medio para la empresa propietaria de un camión bloqueado es de aproximadamente 100 euros por hora. Los costes pueden dispararse rápidamente, afectando especialmente a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de transporte. Los costes económicos ya ascienden a muchos millones de euros.
Desde la IRU denuncian que las protestas se han vuelto cada vez más violentas, particularmente en Francia, donde camiones y conductores son atacados por grupos de manifestantes enmascarados que dañan vehículos y destruyen cargamentos, especialmente alimentos. Se trata de un daño criminal contra un camión y su conductor inocente, contra el sector del transporte en su conjunto y contra las personas a las que están destinados los alimentos.
Lamentablemente, los manifestantes atacan principalmente camiones matriculados en el extranjero, a menudo de países vecinos. Los valores de la carga varían mucho, pero un camión puede transportar alimentos valorados en 100.000 euros o más. La carga dañada cuesta a los conductores y operadores. El seguro no cubre los daños porque la mayoría de las pólizas excluyen los disturbios. Los clientes, tampoco.
La Directora de Defensa de la UE de IRU, Raluca Marian, ha manifestado que: “Ya es suficiente. Conductores y operadores de transporte inocentes simplemente intentan hacer su trabajo, llevando alimentos y otros artículos de primera necesidad a los mercados de toda Europa. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si se producen costosos retrasos, ataques y destrucción, alguien debe pagar por ello»».
Indemnizar a las víctimas
A menudo, los gobiernos de toda Europa no han logrado garantizar la continuidad de las cadenas logísticas ni proteger a los conductores que simplemente intentan hacer su trabajo. La incapacidad del gobierno para actuar y proteger el estado de derecho a menudo queda demostrada por imágenes de policías que están presentes en el lugar pero no intentan detener el daño criminal.
Raluca Marian concluyó: “Los gobiernos tienen el deber de garantizar la libre circulación de mercancías y garantizar la seguridad de los conductores y su carga. El colapso sistémico de la autoridad y el orden observado en estas protestas plantea el reclamo legítimo de las víctimas –operadores de transporte– de una compensación de los gobiernos por sus pérdidas. Si los gobiernos no cumplen su función protectora, deben pagar los daños. Nadie más lo hará. Los operadores de transporte necesitan ahora de procesos simples y transparentes para reclamar una compensación».
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