Pymetrans-Alianza del Transporte manifiesta su máxima preocupación ante la creciente falta de compromiso efectivo por parte de numerosas empresas cargadoras y operadores logísticos en la correcta aplicación de la indexación del precio del gasóleo prevista en la normativa vigente.
Aunque existen herramientas legales que obligan a adaptar los precios del transporte a las variaciones del coste del carburante, la realidad demuestra que estas herramientas están resultando insuficientes. Muchos cargadores y operadores logísticos están encontrando vías para no aplicar la revisión obligatoria, trasladando de facto a los transportistas un incremento de costes que no les corresponde asumir.
El resultado es un escenario insostenible: pérdidas acumuladas, márgenes negativos y una presión financiera que compromete la continuidad de miles de empresas, especialmente autónomos y pymes. La escalada del precio del combustible, sin una repercusión automática y efectiva, con prohibición de pacto en contrario y un régimen sancionador efectivo está empujando a numerosos profesionales al límite de su viabilidad.
Para Pymetras son claramente insuficientes las ayudas del Gobierno al transporte
«Desde hace semanas, el sector viene advirtiendo de esta situación y reclamando mecanismos eficaces de control y garantía de cumplimiento, que impidan que el eslabón más débil de la cadena -el transportista- siga soportando el impacto económico de decisiones ajenas a su actividad», señalan desde la alianza de transportistas.
De mantenerse esta situación, el transporte por carretera podría entrar en una fase crítica, con consecuencias directas sobre la cadena de suministro, la disponibilidad de mercancías y, en última instancia, sobre el conjunto de la economía española.
Desde Pymetrans-Alianza del Transporte reiteran su llamamiento urgente a las administraciones y a los agentes del sector para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa y evitar un deterioro irreversible del tejido empresarial del transporte.
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