La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (FENADISMER) denuncian el “trilerismo” de Renfe tratando de justificar un supuesto apoyo mayoritario del sector a su nueva filial de autobuses pese a que las empresas que pretenden participar solo representan el 0,3% del mercado del transporte de viajeros en España
En un comunicado conjunto, ANETRA y FENADISMER desean mostrar públicamente su más firme rechazo a la nota de prensa difundida por RENFE tras la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la semana pasada en relación a la licitación por la que pretende crear una filial de autobuses, mediante una sociedad participada con un grupo selecto de grandes operadoras del sector, excluyendo a más del 99% de las empresas que conforman el transporte de viajeros en España, principalmente pequeñas y medianas empresas.
Consideran que tratando de confundir a la opinión pública, RENFE ha intentado trasladar una imagen de respaldo generalizado que no se corresponde con la realidad. La propia compañía ha afirmado que en la primera fase de su licitación han concurrido un total de 9 empresas, lo que lejos de acreditar apoyo sectorial, en un puro juego de “trilerismo comunicativo” se evidencia justamente lo contrario: así si se compara con el número de empresas del transporte de viajeros en autobús que operan en España, más de 2.700 en total, esas 9 representan apenas suponen el 0,30 % del total de empresas del sector. Pero es que además aunque tan sólo ANETRA y FENADISMER hayan recurrido ante el Tribunal Central Administrativo la licitación promovida por la operadora pública ferroviaria, el resto de asociaciones empresariales del sector tampoco apoyan dicho proyecto.
Los argumentos dados por RENFE no hacen sino retratar con claridad el verdadero problema de fondo: no estamos ante una licitación abierta al sector, sino ante un expediente configurado de tal manera que solo un número ínfimo de operadores de gran dimensión puede siquiera aspirar a entrar en la fase competitiva. La inmensa mayoría de las empresas del autobús, y en particular las pymes y empresas locales, quedan fuera del acceso directo al contrato.
“No se puede presentar como apoyo del mercado lo que en realidad es la participación de una fracción mínima del sector. Cuando solo pueden entrar muy pocos, el problema no es el mercado: el problema es el diseño del concurso”, señalan ambas asociaciones.
Ambas organizaciones recuerdan que la licitación impugnada se articula sin división en lotes, con una duración extraordinariamente extensa y con exigencias económicas y operativas de enorme intensidad. Ese diseño no es neutral. Al concentrar todo el contrato en un único bloque nacional, eleva artificialmente el volumen económico del expediente y endurece de forma correlativa las exigencias de solvencia y capacidad operativa. El resultado es un procedimiento pensado para dejar fuera a la inmensa mayoría de las pymes que sí podrían prestar el servicio por zonas, como así ya vienen prestando en la actualidad directamente para RENFE.
Las dos asociaciones rechazan asimismo el argumento de RENFE según el cual las pequeñas empresas podrían participar a través de la subcontratación. A su juicio, esa afirmación no resuelve el problema, sino que lo agrava. La subcontratación no sustituye el derecho a competir directamente. Relegar a las empresas del sector a una posición subordinada frente a un operador principal con un poder de negociación extraordinario no es abrir el mercado, sino consolidar una estructura jerárquica y de sumisión.
Este planteamiento resulta especialmente preocupante porque favorece una mayor concentración en un mercado que ya vive fuertes tensiones competitivas. La licitación no solo afecta al transporte de viajeros en autobús, sino que lanza un mensaje muy peligroso para el conjunto del sector: desde una empresa pública puede considerarse normal reforzar a un número ínfimo de grandes operadores mientras se debilita a las pymes, a las empresas locales y a la pluralidad empresarial.
“No vamos a aceptar que se presente como modernización un modelo que concentra poder, margina a las pymes y castiga a las empresas locales. El sector del autobús no puede quedar al servicio de una lógica de concentración que solo beneficia a unos poquísimos operadores”, concluyen.
Para ANETRA y FENADISMER, la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Central Administrativo gracias a sus recursos interpuestos, demuestra precisamente que no estamos ante una discusión meramente corporativa o política, sino ante un asunto de legalidad, competencia y estructura de mercado. Consideran que RENFE ha querido responder con un relato de comunicación intencionadamente a una controversia que afecta de lleno a los principios que deben regir la contratación en sectores tan sensibles como el transporte. Por ello, ambas organizaciones exigen a RENFE que abandone este planteamiento, rectifique el diseño de la licitación y apueste por un modelo diversificado, proporcionado y abierto realmente al conjunto del sector.
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