Unauto VTC, Unauto VTC-Cataluña y Feneval, han enviado una carta al comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en la que instan a la Comisión Europea a tomar las medidas necesarias para evitar desaparición del sector de las VTC como consecuencia de la “ley del taxi”, actualmente en debate en el Parlament de Catalunya.
La carta incluye, entre otros, el informe de la Universitat de Barcelona que concluye que el proyecto de ley para regular el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas contraviene abiertamente el derecho europeo y las recientes sentencias del TJUE.
La carta:
«Apostolos Tzitzikostas. Comisario de Transporte Sostenible y Turismo
Comisión Europea. Rue de la Loi, 200. 1049 Bruselas. Bélgica
Copia a los gabinetes de las vicepresidentas Ejecutivas Ribera, Séjourné, Virkunnen y Fitto y del Comisario McGrath.
Barcelona, 11 de marzo de 2026
Solicitud urgente de actuación: amenaza regulatoria al sector VTC en Cataluña y vulneración del Derecho de la UE
Estimado Comisario Tzitzikostas:
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra máxima preocupación por la propuesta legislativa actualmente en debate en el Parlamento de Cataluña, titulada “Llei de Transport de Persones en Vehicles de Fins a Nou Places”. Este proyecto de ley fue registrado formalmente en el Parlamento de Cataluña el 25 de septiembre de 2025 por cinco grupos parlamentarios, con el objetivo declarado de aprobar una nueva ley autonómica sobre servicios de taxi y Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) que entraría en vigor en 2026.
Esta nueva propuesta, redactada exclusivamente bajo la influencia del sector del taxi y sin consulta alguna a los representantes de los VTC, supone una amenaza existencial para la industria VTC en Cataluña. Confirma las advertencias que ya trasladamos a la Comisión Europea en nuestras cartas anteriores de octubre de 2023 y marzo de 2025, cuando alertamos de que las autoridades catalanas estaban preparando un nuevo marco regulatorio que contravenía abiertamente el Derecho de la UE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los principios recogidos en la Comunicación de la Comisión 2022/C 62/01.
Dado el enorme perjuicio que causará esta ley catalana, instamos a la Comisión Europea a considerar todas las acciones necesarias para garantizar que el proyecto respete el Derecho europeo.
1.- Desprecio sistemático del Derecho de la UE, incoherencia jurídica y discriminación
El borrador catalán está diseñado explícitamente para proteger los intereses económicos del taxi, finalidad que el TJUE ya ha declarado que no constituye una razón imperiosa de interés general conforme al Derecho de la UE.
A pesar de ello, la propuesta:
Declara al taxi como “Servicio de Interés Económico General” (SIEG), contradiciendo la conclusión del TJUE de que los servicios de taxi no están encomendados a una misión de servicio público conforme al artículo 106 TFUE.
Establece que los trayectos urbanos (los más comunes y rentables — es decir, Barcelona) solo podrán ser realizados por taxis, eliminando de facto la actividad principal de los VTC y relegándolos a un mercado secundario como los trayectos interurbanos.
Implanta un régimen de autorizaciones que impide cualquier incremento significativo del número de VTC, limitándolos a licencias de dos años no renovables (prorrogables solo una vez). Esto hace imposible la inversión a largo plazo y condena a los operadores actuales a una desaparición progresiva, generando inseguridad jurídica incompatible con los principios europeos de libertad de mercado y proporcionalidad.
Impone requisitos de doble licencia fragmentando la actividad VTC en cuatro submercados separados (VTC interurbano, VTC urbano, VTC de “alta demanda” y limusinas), cada uno con autorizaciones distintas y sujeto a limitaciones geográficas y temporales, supuestamente por motivos de gestión del tráfico. Estas medidas contradicen la jurisprudencia del TJUE, que considera innecesarias las licencias locales adicionales cuando ya existe una autorización nacional, y no garantizan un trato no discriminatorio frente al taxi.
Introduce restricciones arbitrarias y desproporcionadas, como tiempos mínimos de espera (ya anulados por tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional), limitaciones de capacidad a cinco plazas, obligación de estacionamiento en garajes privados entre servicios (incrementando trayectos en vacío, congestión y emisiones) y prohibiciones de transmisión de licencias o participaciones empresariales (excediendo las competencias autonómicas). Estas medidas vulneran el artículo 38 de la Constitución Española (libertad de empresa) y el artículo 49 TFUE.
Sobrerregula a intermediarios y plataformas digitales, prohibiendo identificadores de plataforma e imponiendo obligaciones desproporcionadas de cesión de datos y cargas administrativas que restringen la innovación y digitalización sin justificación de interés público.
Ninguna de estas restricciones está respaldada por estudios técnicos ni evaluaciones de competencia, como exige el Derecho de la UE. Además, al otorgar privilegios al taxi bajo el pretexto de un supuesto “interés público” e imponer cargas desproporcionadas únicamente a los VTC, el borrador vulnera los principios de proporcionalidad, no discriminación e igualdad de trato entre servicios comparables, reafirmados por la Comisión en su Comunicación 2022/C 62/01.
Un informe jurídico independiente elaborado por dos Catedráticos de Derecho Administrativo y de la UE de la Universidad de Barcelona —que adjuntamos— concluye que el proyecto presenta múltiples incompatibilidades con el Derecho europeo y la jurisprudencia del TJUE, especialmente tras la sentencia de 8 de junio de 2023 (Prestige & Limousine, C-50/21). El informe advierte incluso del riesgo de responsabilidad patrimonial del Estado español por infracción del Derecho de la UE.
2.- Impacto económico, social y medioambiental
La ley propuesta eliminaría de facto los servicios urbanos VTC en Cataluña, que representan actualmente alrededor del 90 % de la demanda total.
Según nuestro análisis de impacto económico, las consecuencias serían devastadoras, generando pérdidas superiores a 326 millones de euros. Entre ellas:
Destrucción de casi 6.000 empleos (directos e indirectos) y 127 millones de euros en salarios.
Pérdida de 72 millones de euros en ingresos fiscales y cotizaciones sociales, equivalente al coste de 700 viviendas sociales o 70 centros de atención primaria en Cataluña.
Reducción de 60 millones de euros en gasto empresarial local (seguros, combustible, leasing, telecomunicaciones, etc.).
Más de 55 millones de euros en prestaciones por desempleo y 10 millones en costes de cierre empresarial.
El impacto para los consumidores es igualmente alarmante. La eliminación de los VTC urbanos supondría retirar casi el 30 % de la oferta total de movilidad en Barcelona. Según una encuesta de Metroscopia (julio 2025), el 57 % de los barceloneses considera insuficiente el número actual de taxis y VTC, el 56 % afirma tener dificultades para encontrar vehículo, el 63 % se opone a restringir los VTC a trayectos interurbanos y el 68 % apoya un marco de igualdad entre taxis y VTC.
3.- Solicitud de reunión urgente y actuación de la Comisión Europea
Dada la gravedad de la situación, solicitamos una reunión urgente con usted para analizar las implicaciones del proyecto y explorar soluciones que eviten su aprobación y mitiguen su impacto devastador.
Asimismo, instamos a la Comisión a:
Acelerar el examen preliminar del procedimiento de infracción sobre la normativa VTC española.
Solicitar la notificación del proyecto al sistema TRIS conforme a la Directiva (UE) 2015/1535.
Requerir aclaraciones formales sobre la proporcionalidad y necesidad de las medidas restrictivas.
Garantizar la participación activa de los servicios competentes de la Comisión.
Recordar formalmente a las autoridades españolas y catalanas sus obligaciones conforme a los artículos 49 y 56 TFUE.
Adjuntamos:
El texto del proyecto de ley.
El informe de impacto económico del sector VTC en Cataluña.
La encuesta de opinión pública de Metroscopia.
El informe jurídico independiente de la Universidad de Barcelona
Agradecemos su atención y quedamos a su disposición para coordinar la reunión y facilitar cualquier documentación adicional.
Atentamente: Ignacio Manzano Plaza. Vicepresidente, FENEVAL. José Manuel Berzal. Presidente, UNAUTO VTC.- Marc Jussen. Portavoz, UNAUTO VTC CATALUNYA».
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