DIREBUS ESPAÑA, Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional, Regular de Uso Especial y Turístico, considera que la nueva Ley de Movilidad Sostenible, aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, supone un retroceso histórico para la modernización del transporte de viajeros en España, y una nueva muestra del desprecio institucional hacia las pequeñas y medianas empresas del sector, ya que nuevamente ocuparán las concesiones las mismas empresas, dopadas a cascoporro con subvenciones de los impuestos que pagan las pymes del sector, y con el agravante que ni tan siquiera estas empresas adjudicatarias son españolas.
Para DIREBUS, el texto final de la norma mantiene un modelo obsoleto, proteccionista y anticompetitivo, que blinda los privilegios de unas pocas concesionarias históricas en el autobús de larga distancia mientras asfixia a miles de pymes que podrían aportar innovación, eficiencia, sostenibilidad al sistema y, sobre todo, más servicio a los usuarios a menos coste.
El presidente de DIREBUS, Alfonso Taborda, ha denunciado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «ha vuelto a legislar de espaldas a Europa y contra el sentido común«. Según Taborda, «han ignorado deliberadamente las últimas resoluciones de la Comisión Europea y del TJUE, que en los últimos meses han avalado de forma inequívoca el derecho a realizar cabotaje dentro de los servicios internacionales. Esta Ley, en cambio, sigue castigando a los operadores españoles con prohibiciones que no existen en ningún otro país europeo«.
DIREBUS subraya que la negativa del Gobierno a incorporar la enmienda sobre cabotaje -una medida que habría alineado la legislación española con la normativa europea y con las decisiones de Bruselas- consolida un modelo cerrado y contrario al progreso. Taborda ha insistido en que «es inaceptable que, mientras el TJUE deja claro que el cabotaje forma parte del mercado interior, España siga legislando como si fuera una isla. No se trata solo de un error político, sino de una decisión que vulnera la libre competencia, limita la movilidad de los ciudadanos y la capacidad de comercio de las empresas de discrecional que son las que soportan con sus impuestos la financiación a fondo perdido de las empresas que tienen monopolizado el sector de la línea regular y que perpetúa un sistema caducado«.
La asociación recuerda que la Comisión Europea decidió el pasado 16 de abril que la ciudad alemana de Tréveris (región de Renania-Palatinato) tiene derecho a autorizar un servicio internacional con trayectos domésticos en España -en línea con el Reglamento (CE) 1073/2009-, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado la solicitud del Gobierno español de suspender dicha decisión, dejando sin efecto los argumentos del Ministerio sobre supuestos daños irreparables.
Más allá del cabotaje, DIREBUS denuncia que la Ley de Movilidad Sostenible mantiene vetos incomprensibles, como la prohibición de la venta por plaza o la imposibilidad de operar entre puntos no conectados por concesión, medidas que impiden aprovechar la capacidad real de los vehículos y dejan sin alternativas a miles de ciudadanos, especialmente en zonas rurales.
«Mientras en Europa se impulsa la movilidad compartida y se promueven soluciones digitales, en España seguimos legislando para proteger a quien menos lo necesita«, ha lamentado Taborda. «Es una ley que protege privilegios, no personas«.
La asociación exige al Ministerio que abra un proceso de diálogo real con las pymes del transporte y que adapte urgentemente la legislación española al marco comunitario. Taborda ha concluido que «no pedimos favores ni excepciones. Pedimos respeto a las normas europeas, igualdad de oportunidades y libertad para competir. Si el Gobierno insiste en mantener un sistema cerrado y proteccionista, será Bruselas quien tenga que recordarle una vez más dónde está el verdadero interés general: en la movilidad, en la eficiencia y en la libre competencia. Además, solicitamos al Ministerio que realice una encuesta individual empresa por empresa por esta cuestión, ya que el 98% del sector estaría de acuerdo con la directiva europea«.
Según DIREBUS, la Ley de Movilidad Sostenible consolida un sistema concesional que lleva décadas agotado, y con una LOTT obsoleta que data de 1987 y se basa en una Ley de Primo de Rivera. Nos encontramos con un modelo de transporte caro, deficiente y, en su gran mayoría, contratos caducados y prorrogados de forma irregular, en muchos casos sin licitación ni control efectivo. Este modelo, heredado de los años ochenta, ha servido para blindar privilegios a determinados operadores históricos que continúan gestionando servicios con títulos vencidos mientras reciben inyecciones de dinero público y bloquean la competencia, agitando así la competencia desleal. «Convendría estudiar si inyectar dinero público a concesiones caducadas puede considerarse una ayuda de estado ilegal«, se pregunta el presidente de DIREBUS.
Captura del regulador
La asociación denuncia que esta situación no es fruto del azar, sino de un proceso sostenido de captura del regulador advertido por la CNMC, en el que las decisiones del Ministerio de Transportes parecen responder más a los intereses del sector concesional, representado por Confebús, patronal que se postula públicamente como la gran defensora de las pymes, y privadamente las deja abandonadas velando solo por los intereses de 4 empresas, que al interés general. «Resulta evidente que el poder político sigue subordinado a los intereses de quienes llevan décadas controlando el transporte interurbano en España«, afirma Taborda. «Esa connivencia ha impedido cualquier intento de modernización y mantiene a las pymes en una posición de dependencia y exclusión«.
DIREBUS recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido reiteradamente de los efectos negativos de este modelo en numerosos informes públicos: menor eficiencia, falta de transparencia, sobrecostes para el contribuyente y ausencia de incentivos para mejorar el servicio. Sin embargo, el Ministerio ha vuelto a ignorar todas esas recomendaciones, optando por reforzar un sistema que frena la innovación y distorsiona la competencia en perjuicio de los usuarios.
En opinión de DIREBUS, el mantenimiento de este statu quo convierte a España en una anomalía dentro del mercado europeo de transporte de viajeros, donde la competencia y la apertura de mercado han demostrado ser las herramientas más eficaces para mejorar la calidad, reducir precios y avanzar hacia la sostenibilidad.
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