La asociación Direbús, que agrupa a más de 700 empresas de transporte de viajeros por carretera en España, ha advertido de que las condiciones planteadas en la licitación del servicio de transporte alternativo por carretera que ha realizado Renfe, limitan la competencia y están hechas a la medida de las grandes empresas del sector.
En particular, la exigencia de que el adjudicatario disponga de al menos 300 autobuses en propiedad dentro de una misma empresa supone un umbral muy por encima de la estructura real del tejido empresarial del transporte en España, formado principalmente por pequeñas y medianas empresas y compañías familiares.
Según explica la asociación, la mayoría de las empresas del sector operan con flotas de entre 20 y 60 vehículos, por lo que el requisito establecido impide en la práctica la participación de buena parte de los operadores nacionales. Por ello, impugnarán esta licitación.
Direbús considera que este planteamiento reduce la concurrencia y favorece la concentración del mercado en un número muy limitado de grandes grupos, pese a que el transporte discrecional y de servicios especiales en España se caracteriza por su amplia capilaridad territorial. Además, la asociación recuerda que el modelo societario previsto en el expediente —una sociedad participada en un 51% por el adjudicatario y en un 49% por Renfe Viajeros— complica un proceso competitivo y abierto.
Direbús defiende que cualquier licitación pública en este ámbito debe adaptarse a la estructura real del sector, permitiendo la participación de un mayor número de empresas y evitando barreras de acceso que perjudiquen a las pymes del transporte por carretera, que constituyen la base del servicio en todo el territorio nacional.
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