El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dictado una resolución clave para el sector del transporte por carretera al acordar la suspensión cautelar de la licitación de Renfe destinada a crear su nueva filial de autobuses. La decisión responde a los recursos presentados por ANETRA y FENADISMER, quienes alertaron sobre las graves irregularidades y el impacto excluyente de este proyecto.
Las asociaciones informan en un comunicado conjunto que el Tribunal ha fundamentado su decisión en la necesidad de evitar perjuicios que podrían ser de «difícil o imposible reparación» si el procedimiento de contratación continuara su curso antes de resolver el fondo de la reclamación. Con esta medida, el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva.
El conflicto nace de la intención de Renfe de constituir una sociedad mixta (51% adjudicatario, 49% Renfe) para gestionar sus servicios alternativos por carretera. Sin embargo, ambas organizaciones consideran que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan «totalmente desproporcionados» y suponen un ataque directo a la libre competencia. Así cabe recordar que entre las condiciones exigidas figuraban contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o 300 en UTE), una cifra de negocio superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones.
En España, donde el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), estas exigencias dejan fuera al 99% del tejido empresarial del sector. Solo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato que, de facto, veta la participación de las pymes y autónomos que hasta ahora venían prestando estos servicios con solvencia.
Desde ANETRA y FENADISMER se cuestiona la estrategia de Renfe, calificándola de «incomprensible». Además señalan que este modelo recuerda a la extinta operadora pública ENATCAR, privatizada en los años 90. «No entendemos por qué Renfe pretende crear una estructura nueva y rígida en lugar de apoyarse en la capilaridad y eficiencia de las pymes españolas«, señalan desde ambas organizaciones. «Exigimos una licitación transparente que garantice la participación real de todo el sector y no solo de un puñado de grandes corporaciones«.
Con esta suspensión, ANETRA y FENADISMER reafirman su compromiso con la defensa de las pequeñas y medianas empresas, asegurando que no permitirán que se desmantele el acceso de las pymes a los contratos públicos mediante condiciones de acceso imposibles de cumplir.
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