España tiene una costumbre peligrosa: convertir las ventajas competitivas en expedientes, y las soluciones industriales en burocracia. En pocos sectores se ve tan claro como en el del neumático. Llevamos años hablando de economía circular, de descarbonización, de aprovechamiento de materiales y de compra pública verde. Llevamos años explicando que alargar la vida útil de un neumático y reutilizar sus materiales no es solo una buena idea ambiental, sino también una decisión industrial, económica y estratégica. Y, aun así, seguimos sin dar el paso necesario.
Lo más paradójico es que España no parte de cero. Al contrario: ha sido durante años un modelo exitoso en la gestión del neumático fuera de uso. Ha desarrollado industria, conocimiento técnico, capacidad de recogida, trazabilidad y una estructura operativa que muchos países han observado como referencia a la hora de diseñar o mejorar sus propios sistemas. España sí tiene modelo. Tiene experiencia. Tiene empresas. Tiene tecnología. Tiene operadores que conocen toda la cadena de valor, desde la recogida hasta la renovación, el reciclaje y la valorización de materiales. Lo que falta no es capacidad. Lo que falta es transformar toda esa experiencia acumulada en una política pública más decidida, más sencilla y más orientada a crear mercado.
La prueba más evidente de que sí se puede está incluso dentro de nuestras propias fronteras. La Comunidad de Madrid aprobó una ley que obliga a incorporar una cantidad mínima de caucho reciclado procedente de neumáticos usados en las mezclas asfálticas de su red de carreteras. No es una declaración genérica ni una recomendación de buenas intenciones. Es una obligación concreta. Y eso demuestra que el problema no es técnico. El problema es político y administrativo.
Mientras aquí seguimos instalados en el “ya lo estudiaremos”, otros países avanzan. Francia ha entendido que la economía circular no se impulsa solo con discursos, sino con decisiones que crean demanda. Allí, la compra pública de neumáticos por parte del Estado y de otras administraciones debe orientarse al neumático renovado, salvo que el concurso quede desierto. Además, Francia ha fijado objetivos concretos para impulsar esta práctica en distintos tipos de neumáticos. En otras palabras: ha decidido proteger y estimular de verdad el ciclo de vida del neumático.
Fuera de Europa, la diferencia resulta aún más incómoda para nosotros. Japón incluye los neumáticos renovados dentro de su política nacional de compra pública verde. Estados Unidos también contempla esta opción en la contratación pública federal. Y en California no se han quedado en las palabras: existe una exigencia para incorporar una cantidad mínima de caucho reciclado procedente de neumáticos usados en los materiales asfálticos de sus carreteras. Panamá, más recientemente, aprobó el uso obligatorio de productos derivados de neumáticos fuera de uso y de caucho reciclado en obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de su red vial nacional. Es decir, países con menos trayectoria que España en este debate están siendo más rápidos a la hora de convertir la circularidad en obligación concreta.
Esa comparación debería hacernos pensar. Porque el problema no es solo del neumático. Esta inercia burocrática afecta también a otros flujos de residuos, como el plástico o el textil, donde muchas empresas se encuentran con un escenario de nuevas obligaciones, registros, desarrollos reglamentarios, sistemas de responsabilidad ampliada del productor y cambios constantes de interpretación. Con demasiada frecuencia, la transición hacia una economía más circular avanza con más carga administrativa que impulso real de mercado.
Y en ese mapa internacional también conviene señalar lo que no debe hacerse. Portugal es hoy un mal ejemplo para el sector del ciclo de vida del neumático. En lugar de reforzar claramente el valor del neumático renovado, ha optado por cargarlo con una nueva tasa ambiental, aunque sea reducida respecto a la del neumático convencional. Puede parecer una cuestión menor o puramente administrativa, pero no lo es. El mensaje que transmite es equivocado: se penaliza económicamente un producto que precisamente alarga la vida útil del neumático, reduce residuos y ahorra materias primas. Desde la lógica de la economía circular, es un paso en la mala dirección.
Ese es el verdadero problema de fondo. En España hablamos mucho de economía circular, pero seguimos legislando y contratando como si fuera una nota al pie. Seguimos confundiendo prudencia con parálisis. Seguimos pidiendo más estudios, más informes y más trámites sobre cuestiones que en otros países ya se están resolviendo mediante decisiones concretas. Seguimos atrapados en mesas de trabajo, interpretaciones administrativas y procedimientos interminables. Mientras tanto, otros avanzan.
La economía circular del neumático necesita exactamente lo contrario: normas sencillas, objetivos claros y contratación pública alineada con lo que de verdad importa. Necesita premiar el neumático renovado, no penalizarlo. Necesita impulsar el uso de materiales reciclados allí donde ya existe base técnica suficiente. Necesita entender, de una vez por todas, que el neumático no termina cuando se desgasta: empieza una nueva etapa de su valor.
España debería estar liderando este debate. Tiene legitimidad para hacerlo y capacidad para ejecutarlo. De hecho, durante años ha sido uno de los modelos en los que otros se han mirado para construir sus propios sistemas. Precisamente por eso resulta más frustrante que, teniendo experiencia, estructura y conocimiento, sigamos llegando tarde a decisiones que ya no deberían estar en discusión.
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