La reducción de 16 a 12 pruebas diarias por examinador y el aumento sostenido de la población han provocado una caída del 29 % en la capacidad operativa del sistema de exámenes desde 2011, haciendo que la plantilla establecida por la Administración resulte insuficiente para cubrir la demanda actual.
La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org con el objetivo de exigir al Gobierno la cobertura urgente de las plazas vacantes de examinadores y garantizar el derecho de los ciudadanos a examinarse en tiempo y forma.
Esta iniciativa responde a un problema estructural y crónico que afecta desde hace años al sistema de exámenes prácticos en España. Aunque cada verano la situación se agrava por el aumento de la demanda, el origen del problema no es estacional, sino sistémico. En los meses estivales, las autoescuelas soportan con más intensidad las consecuencias de una estructura que lleva más de una década sin adaptarse a las necesidades reales.
“Un año más, la campaña de verano se ve amenazada en muchas provincias por la falta de examinadores. Hay plazas sin cubrir desde hace tiempo, los tiempos de espera se disparan y los perjudicados son siempre los mismos: los aspirantes, las autoescuelas y, en última instancia, toda la sociedad»», ha afirmado Enrique Lorca, presidente de CNAE.
Una capacidad que no se ajusta a la realidad del país
En 2011, un examinador podía llegar a realizar hasta 16 pruebas prácticas al día. Sin embargo, esa cifra se ha ido reduciendo de forma progresiva como consecuencia de distintos factores: la necesidad de reducir la carga de trabajo, mejorar las condiciones laborales o incorporar criterios de calidad en la evaluación. Desde 2020, el máximo se sitúa en 12 exámenes diarios, lo que representa una reducción del 25 % en la capacidad operativa por examinador.
Actualmente hay 855 examinadores en activo, la cifra más alta desde 2012. No obstante, esta plantilla resulta insuficiente para absorber la demanda actual: la capacidad total del sistema ha pasado de más de 13.000 pruebas diarias a poco más de 10.000.
Este descenso se produce en paralelo a un crecimiento sostenido de la población. España ha pasado de 46,6 millones de habitantes en 2016 a más de 49 millones en 2025. Como resultado, la capacidad de examen por habitante ha caído cerca de un 29 % en menos de una década.
El verano: una tormenta perfecta
La campaña de verano concentra tradicionalmente una parte crucial de la actividad del sector. Muchas autoescuelas —especialmente en zonas rurales o de la España vaciada— dependen de estos meses para salvar el ejercicio económico. En estas fechas es habitual que regresen estudiantes que viven en otras ciudades durante el año, lo que incrementa de forma notable la demanda de formación y exámenes prácticos.
Además, esta temporada alta para las autoescuelas coincide con el periodo vacacional del personal de las jefaturas, lo que reduce aún más la capacidad de respuesta del sistema justo cuando más se necesita. Esta descoordinación agrava un problema que ya es de por sí estructural.
Medidas de alivio, pero no soluciones de fondo
Desde 2020 se han puesto en marcha medidas que han permitido dar algo de oxígeno al sistema, como la figura del examinador interino —inexistente hasta entonces— o el uso de horas extraordinarias para reforzar los picos de demanda. CNAE valora estos esfuerzos como pasos positivos, aunque insuficientes.
“Estos parches permiten aguantar un poco más, pero no resuelven el problema de fondo. La única solución real pasa por aumentar de forma estable la plantilla estructural de examinadores»», añade Lorca.
Según los cálculos de CNAE, serían necesarios al menos 1.260 examinadores en activo para alcanzar un nivel de servicio equivalente al de 2011, ajustado al contexto actual. En este momento, faltarían más de 400 profesionales para lograrlo.
Por ello, CNAE hace un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y a los responsables políticos para abordar con urgencia esta situación. Obtener el permiso de conducir no puede depender del mes del año ni del lugar de residencia. Se requiere una respuesta estructural y sostenida que garantice un acceso justo, ágil y homogéneo al sistema de exámenes.
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