Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, ha puesto gratuitamente a disposición de todos los automovilistas afectados por averías derivadas del mal estado de las vías un modelo de escrito para reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta iniciativa responde al alarmante deterioro de la red viaria española y a la absoluta inacción de los entes gubernamentales encargados de su mantenimiento.
El escrito puede descargarse en www.dvuelta.es
«Es intolerable que las carreteras españolas estén en un estado tan lamentable cuando la automoción aporta casi 40.000 millones de euros anuales al Estado. Con menos de 1.000 millones al año, las vías estarían perfectamente mantenidas. ¿Dónde está el resto del dinero?», afirma Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.
1.415 euros anuales por conductor.
Con 28.142.469 conductores y una recaudación vinculada a la automoción de 39.838 millones de euros anuales (según ANFAC), cada automovilista aporta de media 1.415 euros al año —118 euros al mes— a las arcas públicas. «Y aún así, las administraciones tienen la desfachatez de plantear peajes adicionales. Es un cruel sarcasmo, un insulto a la inteligencia de millones de españoles que ya han pagado sobradamente por usar unas carreteras que se caen a pedazos».
Los conductores están hartos de ser el cajero automático de las administraciones: impuestos al comprar el vehículo, al matricularlo, sobre el combustible, seguros obligatorios, ITV, circulación municipal… «¿Y cuando todo eso no es suficiente, pretenden cobrarnos peajes por infraestructuras que ya hemos pagado con creces?»
«Velocidad inadecuada».
Dvuelta señala que la desidia de la Administración «entra en el terreno de la responsabilidad civil«. Baches que revientan ruedas, señalización borrada, arcenes intransitables, quitamiedos oxidados… «La lista de deficiencias es interminable. Y lo peor es que, cuando ocurre un accidente, la DGT lo atribuye a ‘velocidad inadecuada’. Nunca al verdadero culpable: las administraciones, que no mantiene las infraestructuras».
Dvuelta denuncia la opacidad de las estadísticas oficiales: la DGT no recoge en sus datos cuántos accidentes se deben al mal estado de las vías. Los siniestros causados por baches, gravilla suelta o asfalto deteriorado se atribuyen sistemáticamente a “velocidad inadecuada”. «El objetivo es ocultar la magnitud del problema y eludir responsabilidades. Si se reconociera que miles de accidentes tienen como causa el mal estado de las carreteras, la Administración tendría que asumir su culpa e indemnizar a las víctimas».
çExigencia a la DGT: que actúe por la seguridad vial, no como correa de transmisión del Gobierno.
Dvuelta requiere a la DGT que «se plante ante el Gobierno y exija un plan inmediato para arreglar las vías, en vez de ser una simple correa de transmisión dedicada a recaudar y culpar a los conductores de los efectos de su propia mala gestión». La organización recuerda que la DGT tiene competencias para proponer medidas en materia de seguridad vial. «Su silencio ante el estado de las carreteras es cómplice».
Dvuelta también exige una explicación del Gobierno: «¿Dónde están los 40.000 millones de euros que recauda anualmente de la automoción? El deterioro de una carretera es gradual y predecible. Cualquier ingeniero puede programar su renovación. Pero aquí nadie planifica nada. Se espera a que la carretera esté destrozada y se produzcan accidentes. Es una gestión negligente e irresponsable».
Reclamación por responsabilidad patrimonial: un derecho de todos los conductores.
Dvuelta insta a todos los conductores que hayan sufrido daños por el mal estado de las vías a presentar una reclamación patrimonial. «Es un derecho que debemos ejercer». Para facilitar el proceso, la organización ofrece gratuitamente en www.dvuelta.es un modelo de reclamación sencillo, que cualquier persona puede rellenar y presentar sin abogado, acompañado de cuantas pruebas de los daños pueda recabar: desde una nota de la Guardia Civil de Tráfico o policía competente sobre la vía, hasta fotografías, vídeos e informes periciales. «Si miles de conductores comienzan a reclamar, la Administración se verá obligada a reaccionar».
«No podemos seguir aceptando esta situación ni permitir que nos traten como una fuente inagotable de ingresos mientras nos niegan lo más básico: carreteras seguras y en buen estado», concluye Javaloyes.





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