El Ayuntamiento de Madrid se dispone a batir todos sus récords de recaudación por multas de tráfico en 2025, doblando la previsión inicial y superando por primera vez la barrera de los 400 millones de euros (423), un hito que pone negro sobre blanco hasta qué punto el conductor se ha convertido en un cajero automático a disposición del consistorio, de acuerdo con los datos recabados por la legaltech Dvuelta, dedicada a la defensa de los conductores.
La magnitud del desfase entre lo presupuestado y lo que realmente se recaudará permite hablar, sin exageración, de una auténtica fiscalidad encubierta a la que se somete a los conductores.
«Lo que estamos viendo es la consolidación de una fiscalidad paralela sobre el automóvil, que no se debate como un impuesto, pero que actúa exactamente igual: grava de manera masiva y recurrente a quienes necesitan su vehículo para trabajar y desplazarse», explica Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta. «El Ayuntamiento ha encontrado en las multas, y muy especialmente en las asociadas a las ZBE, una mina de oro que exprime sin rubor, incluso cuando los jueces están anulando la inmensa mayoría de esas sanciones», concluye.
Según los datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y las proyecciones realizadas a partir de la recaudación del primer semestre, los ingresos municipales por multas de circulación superarán en 2025 los 420 millones de euros, frente a los 208 millones incluidos en las cuentas aprobadas a finales del año pasado, lo que supone un incremento del 103%.
En términos absolutos, el Ayuntamiento ingresará 214 millones de euros adicionales sobre los 208 millones que él mismo había previsto, una desviación difícilmente explicable si no se asume que la maquinaria sancionadora se ha convertido en un recurso estructural de financiación municipal. Analizando los datos mes a mes, en 2025 (hasta junio) se ha verificado una recaudación media del 12% a la registrada en el mismo periodo de 2024.
Ya en 2024 el Consistorio madrileño mostró esta tendencia, al superar en casi un 80% la previsión de ingresos por multas que figuraba en sus presupuestos para ese ejercicio. La repetición y agravamiento del desfase en 2025 revelan que no se trata de un comportamiento coyuntural, sino de un modelo consolidado de extracción de renta al automovilista.
A la altura de la DGT.
Hasta junio de 2025, último dato disponible en el portal municipal, el Ayuntamiento había recaudado 191,3 millones de euros en sanciones de tráfico, un 12% más que en el mismo periodo de 2024. Si se proyecta sobre el segundo semestre el comportamiento habitual de ejercicios anteriores —cuando la recaudación fue un 9,16% superior a la del primero—, el resultado es una facturación total por multas que rebasa por primera vez los 400 millones de euros en un solo año. Exactamente, 423.375.913 euros.
Esta cifra coloca a Madrid casi a la altura de lo que recauda la Dirección General de Tráfico en todo el territorio nacional (400 millones contra 539 millones), con la excepción de Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias sancionadoras. Con la diferencia de que Madrid cuenta con dos millones de vehículos a motor, mientras que la DGT controla un parque de 34 millones de unidades.
Para una sola ciudad, que concentra ya el 42,5% de todos los ingresos por multas, IVTM y grúas municipales de las diez grandes capitales, esta posición es difícilmente compatible con cualquier discurso de moderación y proporcionalidad sancionadora.
Zonas de bajas emisiones, la gran palanca.
El fuerte incremento en la recaudación responde, en gran medida, a las multas asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), especialmente a los accesos indebidos a estas áreas por parte de vehículos sin etiqueta ambiental o sin la autorización exigida.
Paradójicamente, este auge de la recaudación por ZBE convive con un creciente cuestionamiento judicial de su legalidad y, especialmente, de su señalización. De acuerdo con las sentencias ganadas por Dvuelta para sus clientes, los jueces suspenden en sentencia firme hasta el 98% de las multas relacionadas con Zonas de Bajas Emisiones, fundamentalmente por defectos en la señalización que impiden al conductor saber con claridad que está accediendo a un área restringida.
Para Dvuelta, el cuadro que dibujan estas cifras solo puede calificarse de escandaloso. «Es difícil no hablar de codicia municipal cuando un Ayuntamiento presupuesta 208 millones pero alcanza más de 400 en multas en un solo año», denuncia el portavoz de Dvuelta. «Si la finalidad fuera disuasoria y pedagógica, el éxito se mediría en menos infracciones y menos recaudación, no en récords históricos de facturación a costa de los conductores», añade.
Javaloyes subraya el contraste entre el discurso oficial y la realidad de los datos: «Nos dicen que las Zonas de Bajas Emisiones son una herramienta ambiental, pero su verdadera utilidad está siendo la de cuadrar las cuentas de la Hacienda municipal», afirma. «La señalización confusa y la masificación de cámaras hacen que el conductor actúe como un mero cajero automático en manos de la administración local», resume.
La desviación del 92% respecto a lo presupuestado pone en cuestión la transparencia y la honestidad de las previsiones municipales en materia de sanciones. Resulta difícil sostener que el Ayuntamiento no era consciente de la capacidad recaudatoria de su dispositivo de control cuando venía de superar casi en un 80% sus propias estimaciones el año anterior.
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