La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que las grandes empresas en España son tres veces peor pagadoras que las microempresas, una brecha que refleja el fuerte desequilibrio en las relaciones comerciales dentro del tejido empresarial.
Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, solo el 14% de las grandes empresas liquida sus facturas en la fecha de vencimiento, frente al 51% de las microempresas. El informe sitúa a España entre los países con mayor diferencia de comportamiento en los pagos según el tamaño de empresa.
«Pagar tarde se ha institucionalizado; para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM, haciendo suyas las palabras que expresó el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en su visita y presentación de la morosidad en Barcelona. En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pymes, esta práctica supone “una amenaza sistémica para su supervivencia”, añadió Cañete. Para la plataforma, los retrasos en los pagos afectan directamente a la liquidez de pymes y microempresas, limitan su capacidad de inversión y aumentan su vulnerabilidad ante cualquier crisis económica.
Además, la morosidad no solo perjudica a quien la sufre directamente. También genera un efecto cascada en la economía. Según el Observatorio Europeo, el 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde. Este fenómeno revela hasta qué punto la cultura del pago tardío se ha extendido en Europa y especialmente en los países con mayores desequilibrios en la cadena de pagos, como es el caso de España.
Un marco legal insuficiente
La PMcM considera que la actual Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago, no ha sido eficaz para combatir la morosidad, al carecer de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Para corregir esta situación, la Comisión Europea propuso el Reglamento COM(2023) 533, que sustituiría a la directiva vigente y tendría aplicación directa en todos los Estados miembros, lo que permitiría una aplicación más homogénea y efectiva.
La propuesta inicial contemplaba un plazo único de pago de 30 días naturales, la creación de autoridades nacionales de supervisión y sanciones automáticas en caso de incumplimiento. Sin embargo, durante su tramitación en el Parlamento Europeo se introdujeron algunas excepciones sectoriales, que permitirían ampliar los plazos en situaciones justificadas, como productos de baja rotación o estacionales.
Actualmente, el texto se encuentra en fase de debate en el Consejo Europeo, donde las diferencias económicas y culturales entre países están dificultando el consenso. Mientras Estados como Dinamarca o Países Bajos presentan altos niveles de puntualidad en los pagos, otros países europeos registran niveles de morosidad significativamente más elevados.
Para la PMcM, el debate europeo sobre la morosidad representa una oportunidad histórica para corregir un problema estructural que afecta especialmente a las empresas más pequeñas. “La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar una vez más por las excepciones y los intereses particulares”, insiste Cañete.
Más restricción en las condiciones de pago
El debate sobre el futuro reglamento europeo gira en torno a si deben limitarse aún más los plazos de pago, que actualmente el marco comunitario establece en un máximo de 60 días para operaciones entre empresas y 30 días para el sector público. Según el informe del Observatorio Europeo, los plazos medios reales superan estos límites, alcanzando 60,3 días en las operaciones entre empresas y 69,8 días en las transacciones entre Administraciones Públicas y empresas.
Este panel muestra que una mayoría de empresas europeas respalda limitar los plazos de pago. El 41% de los encuestados apoya establecer un plazo máximo obligatorio entre empresas, mientras que un 23% adicional lo respalda siempre que exista flexibilidad para determinados sectores, y el 37% restante se opone a fijar un límite legal. En conjunto, el 63% de las empresas europeas apoya algún tipo de limitación de los plazos de pago. Entre quienes respaldan un límite obligatorio, la opción preferida es un plazo de 30 días, apoyada por el 31% de los encuestados, seguida por un límite de 60 días.
La PMcM confía en que el futuro reglamento europeo se convierta en una herramienta eficaz para reducir la morosidad, fortalecer la liquidez de las empresas más vulnerables y favorecer un crecimiento económico más sólido. Además, recuerda que la lucha contra la morosidad sigue siendo una prioridad en la agenda de la Comisión Europea para 2026, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más efectivo.
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