La aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible vuelve a situar la conversación sobre el transporte sostenible en el centro del debate público. Es un momento propicio para analizar hasta qué punto España avanza en la dirección adecuada y qué distancia sigue existiendo respecto a los países europeos que llevan la delantera. Es cierto que la ley aporta avances importantes, pero todavía no supone el impulso que permitiría acercarnos al ritmo de los países europeos que hoy marcan el camino en movilidad eléctrica.
Tampoco quiero decir con esto que no reconozca el valor de la norma; la simplificación administrativa mediante la declaración responsable puede facilitar por fin unos procesos que, durante años, han estado bloqueados por trabas locales o por la falta de aplicación de la legislación ya vigente. Por tanto, si esta medida sirve para que administraciones y empresas trabajen de manera más coordinada está claro que veremos una mejora real en el despliegue de la infraestructura de recarga.
Lo que ocurre es que durante años, el despliegue del vehículo eléctrico en España ha avanzado de forma desigual. En grandes núcleos urbanos, como es lógico, la demanda ha crecido de forma más rápida, pero en zonas con menor densidad de población los avances van mucho más lento y esto genera la sensación de que la transformación solo es accesible para unos pocos. Un transporte sostenible que aspire a ser inclusivo necesita reducir estas brechas y acercar la infraestructura a todo el territorio.
El plan estatal para puntos de recarga en municipios medianos y pequeños abre una vía que puede ser decisiva. Incorporar al ciudadano como eje de las decisiones público-privadas es imprescindible para un transporte sostenible que llegue más allá de las grandes ciudades. En muchos ayuntamientos, las licitaciones han sido demasiado complejas o han primado cánones elevados que terminan encareciendo la energía. Un punto de vista más homogéneo ayudaría a evitar estas distorsiones y permitiría que las mejores propuestas salieran adelante con independencia del tamaño del municipio.
Otro reto que se nos plantea es la estabilidad regulatoria. Los cambios normativos de los últimos años, junto con la falta de una estrategia en materia de incentivos, han generado incertidumbre entre ciudadanos y empresas. La adopción del vehículo eléctrico no depende únicamente de la infraestructura, sino de que quienes deben invertir (ya sean familias o compañías) perciban un marco estable y predecible. En este aspecto, España todavía no ha avanzado al ritmo de los países europeos que han logrado consolidar un mercado sólido y en crecimiento.
Continúa también un problema técnico que el sector conoce bien. Hoy los promotores siguen encontrándose con procesos opacos por parte de las distribuidoras, con tiempos de respuesta imprevisibles y con falta de transparencia tanto en la solicitud como en la ejecución de los nuevos suministros. Este problema es uno de los factores que más ralentiza la expansión de la red y que más distancia marca respecto a los países que han conseguido desplegar infraestructuras de recarga de forma ágil y planificada.
Si miramos a Europa, la brecha es evidente. En países como Bélgica encontramos marcos fiscales más activos, estrategias de despliegue más consistentes y una planificación que combina incentivos, colaboración público-privada y señales regulatorias claras. Esto no significa que debamos replicar exactamente sus políticas, pero sí que conviene observar qué elementos han funcionado mejor y adaptarlos a nuestra realidad. España tiene capacidad para avanzar más rápido; el potencial renovable y la experiencia del sector energético son dos de sus grandes ventajas.
La ausencia de incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos y la necesidad de una racionalización de las etiquetas ambientales siguen limitando la velocidad de crecimiento del parque eléctrico. Estos elementos forman parte del conjunto de señales que un Estado envía cuando quiere acelerar una transición. Sin ese acompañamiento, el avance depende demasiado del esfuerzo individual y de la capacidad de las empresas, y no de una estrategia nacional coordinada.
La infraestructura de recarga es el elemento vertebrador de todo este proceso. Sin una red adaptada a las necesidades reales de los usuarios, accesible y distribuida, el transporte sostenible no podrá consolidarse. La ley aporta pasos, pero aún queda camino para que el despliegue sea ágil, eficiente y alineado con lo que vemos en los países que marcan la referencia europea. Hoy la ambición del transporte sostenible en España convive con avances y frenos que apuntan en direcciones distintas. Y si queremos cerrar la brecha con nuestros vecinos y aprovechar el potencial renovable de España, hará falta estabilidad normativa, coordinación institucional y una infraestructura de recarga que funcione como verdadero motor del cambio.
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