La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol por una infracción muy grave de la normativa de competencia, al considerar acreditado un abuso de posición dominante en el mercado mayorista de combustibles.
La resolución confirma una práctica de estrechamiento de márgenes que perjudicó de forma directa a estaciones de servicio independientes y de bajo coste, entre ellas las dos gasolineras de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia FROET-GAS.ç
Subidas de precio mayoristas y descuentos selectivos en plena crisis energética
Los hechos se remontan a 2022, en un contexto marcado por el fuerte incremento del precio de los carburantes tras la invasión de Ucrania por Rusia. Según la CNMC, Repsol, que ostentaba una posición de dominio en el mercado mayorista de gasóleo A (GOA) a escala nacional, elevó de forma generalizada el precio de venta a estaciones independientes. Paralelamente, lanzó en su red propia una campaña de descuentos adicionales para transportistas, más allá de los previstos por el Gobierno.
Esta estrategia, aplicada entre abril y diciembre de 2022, redujo drásticamente los márgenes de las estaciones rivales, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. El resultado fue una caída significativa del volumen de ventas de las gasolineras independientes, mientras Repsol incrementaba su cuota de mercado, según na hecho publico FROET.
La conducta es especialmente grave porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.
Un amplio historial de sanciones por prácticas anticompetencia
A lo largo de las últimas décadas, Repsol ha sido objeto de numerosas sanciones por parte de las autoridades de competencia, configurando un historial reiterado de prácticas contrarias al correcto funcionamiento del mercado.
Ya en 2001, el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia impuso a la compañía una multa de 500 millones de pesetas (alrededor de 3 millones de euros) por la fijación indebida de precios en su red de estaciones de servicio.
Posteriormente, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó una sanción de 80,4 millones de euros por su papel destacado, junto a Cepsa, en el denominado “cártel del asfalto”, mediante el cual ambas compañías pactaron precios y se repartieron el mercado en España durante más de una década.
En 2016 el Tribunal Supremo ratificó las multas que sumaban 42,59 millones de euros impuestas originalmente en 2015 por la CNMC a la petrolera por una infracción de coordinación de precios con otras compañías y en 2016 por considerar que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de fijación de precios o aplicación de descuentos.
En diciembre de 2020, la CNMC volvió a sancionar a Repsol con 5 millones de euros por incumplir resoluciones previas y mantener contratos que restringían la libertad de fijación de precios de sus estaciones.
FROET ya avisó de estas prácticas anticompetitivas
Desde FROET denunciaron en su momento el impacto de estas prácticas, así como el riesgo que suponían para la libre competencia y la sostenibilidad del tejido empresarial vinculado al transporte. La Federación trasladó también su preocupación a las autoridades nacionales y europeas de competencia, ante lo que consideraba movimientos empresariales orientados a desplazar artificialmente el mercado.
La CNMC no solo ha impuesto la sanción económica, sino que ha prohibido a varias sociedades del grupo participar en licitaciones públicas de suministro de gasóleo A durante seis meses.
Esta sanción refuerza la necesidad de un mayor control sobre los operadores dominantes y sus prácticas que distorsionan el mercado y perjudican tanto a las empresas como a los profesionales del transporte.
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.