El Gobierno Central español ha vuelto a comprobar que con la Comisión Europea “no se juega»». Sus decisiones, imposiciones, más si de ellas dependen miles de millones de euros que espera y necesita España, se deben cumplir en plazo y forma.
Durante las negociaciones que mantuvo España con Bruselas para disponer de los fondos europeos que periódicamente ha recibido España, el Gobierno se comprometió a equiparar la fiscalidad del diésel a la gasolina. “Compromiso medioambiental»» le llaman, o compromiso “envenenado»» para España ya que equiparar la imposición de ambos combustibles es una medida muy impopular, de esas que restan votos.
A la postre la cuestión ha sido, si cabe, más complicada porque, aunque ha intentado implantar la subida de ese impuesto, la negativa de PP, VOX, Podemos y PNV en el Parlamento, lo impidió.
Resumiendo, España no ha cumplido su compromiso y eso, cuando se trata de Bruselas, son palabras mayores.
Sanción y recaudación millonaria
La pasada semana, con gran alegría y alivio para el Gobierno Central, España recibía el quinto desembolso de fondos europeos comprometidos por la Unión Europea.
Una excelente noticia que se vio empañada por una cuestión, la cuantía recibida sufrió el descuento de 1.100 millones de euros, la sanción, podríamos decir multa, porque España incumplió tres compromisos del plan firmado.
El más destacado, el de mayor cuantía, implica dejar de cobrar 460 millones de euros por no incrementar e igualar el impuesto aplicado al combustible diésel con el que ya abonan los vehículos que usan gasolina como combustible.
Es evidente, y no tardando mucho, que España deberá equiparar el mencionado impuesto. Medida muy dolorosa para el bolsillo de miles de españoles y grave, muy grave, para miles de empresas de transporte, mercancías y viajeros, que verán incrementado el coste, ya muy elevado, del combustible.
Pero ¿Por qué la equiparación? La Comisión Europea espera, tiene claro, que se lograrían dos objetivos importantes. Por un lado, que España incremente aún más lo que percibe vía impuestos. Por otro, avanzar en la tan mencionada “descarbonización«», reduciendo el uso de un combustible muy contaminante, considerado por Bruselas “muy contaminante»».
De momento, siendo aún más barato el diésel, y ante la certeza de que subirá su precio, se ha reducido considerablemente la venta de vehículos, turismos, diésel. Eso sí, nada indica que eso suceda, al menos a medio plazo, con el transporte profesional.
Transporte profesional
Si finalmente se implanta la medida, sucederán dos cosas. A la vez que las empresas verán reducidos sus márgenes empresariales –es lo que tiene una importante subida de los costes fijos-, las arcas del Estado se llenarán de miles de millones. Y es que la cifra, el incremento, es importante. Ni más ni menos que 9,37 céntimos por litro de diésel consumido.
Surge la gran pregunta, ¿estarán los cargadores dispuestos a subir sus tarifas y abonar esa cantidad?. Al tiempo se plantea una segunda cuestión, ¿será esta la medida definitiva que lleve a las empresas a agilizar la tan comentada descarbonización? ¿Ha llegado el momento del vehículo pesado eléctrico?.
Es evidente que no tenemos “bola de cristal»», no sabemos si de repente las empresas de transporte comenzarán a comprar vehículos pesados eléctricos, de los que, por cierto, aún hay pocos modelos donde elegir, más caros y aún sin demostrar si realmente son fiables para realizar largas distancias.
Lo que sí sabemos, datos facilitados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, Aedive, es que entre enero y junio sólo se han matriculado 88 camiones eléctricos. Cifra realmente baja, más si tenemos en cuenta que en total se han comercializado, según datos ofrecidos por la Asociación ANFAC, más de 14.000 vehículos pesados en España.
Un dato más muestra la situación real. El número de camiones eléctricos que se han vendido en los primeros meses de 2025, son menos que los del mismo período de 2024. Concretamente, 25 vehículos menos.
Destacar, importante reflejarlo, que el cambio de vehículos diésel a eléctrico sí está funcionando con los vehículos comerciales -furgonetas, furgones, derivados de turismo-, con un destacado incremento del número de unidades vendidas. Así, Aedive afirma que la venta de ese modelo de vehículo ha crecido en los primeros seis meses del año un 61,3%, tras haberse comercializado un total de 4.100 unidades.
Ojo, parece una cifra importante, pero lo cierto es que no deja de ser minoritaria, ya que sólo supone el 4,3% del total de este tipo de vehículos vendidos en España.
En definitiva, una vez más, estamos ante un grave problema para las empresas de transporte público, más para el transporte de mercancías que deberán asumir -parece imposible que España pueda evitar aplicar la nueva imposición al diésel- un importante incremento de uno de sus costes fijos más gravosos.
Ese coste alguien lo deberá asumir. Si no lo hace el cargador, lo hará el cliente final. O sea, los ciudadanos, o sea subirán aún más los precios de los productos básicos, con ellos la inflación.
Surge otra gran pregunta, ¿por qué Bruselas considera qué subir ese impuesto en concreto, es bueno para la economía del país? Igual es que, simplemente, la economía de España le interese “lo justo»», pero sí algo más la de otros países centroeuropeos, que llevan años protestando por el bajo precio del diésel en España.
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