El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha indicado que el Informe sobre la situación de la AP-9 elaborado por la Conselleria de Vivienda y Ordenación del Territorio y evaluado por el Consejo de la Xunta concluye que el rescate de la concesión de la autopista es «la alternativa más ventajosa para el interés público», y cuantifica la estimación actual de esta medida en 2.356 millones de euros, «una cantidad muy inferior a la que habría que abonar de aquí al fin de la concesión», según Rueda.
La administración regional exige al Gobierno central, a la luz del reciente dictamen de la Comisión Europea sobre la AP-9, que asuma de inmediato este rescate y la liberalización de los peajes. Según el presidente de la Xunta de Galicia, «cuanto más tiempo pase, más caro será para todos los españoles». En este sentido, el informe advierte que, según la estimación mencionada, el lucro cesante para la concesionaria ya ha aumentado en 65 millones de euros respecto a las cifras calculadas para 2024, debido al aumento de los beneficios de la concesión en 2024.
El documento realiza un diagnóstico de la situación de la concesión, centrándose, por un lado, en el aumento excesivo de las tarifas de los usuarios en los últimos años y el progresivo enriquecimiento de la concesionaria. Actualmente, cada 100 km de la AP-9 cuesta más de 12 € y el tramo completo de la autopista (219 km) cuesta 26,85 €. Asimismo, los ingresos por peajes aumentaron un 39,7% entre 2021 y 2024, lo que supuso un incremento del 78,1% en la cuenta de resultados de la concesionaria en dicho periodo.
Advierte que la gestión de la autopista por parte del Estado en los últimos años ha sido claramente perjudicial para el interés general, y en especial para Galicia, recordando, además, que el debate sobre la petición unánime del Parlamento gallego para exigir la transferencia sigue bloqueado en el Congreso con 38 prórrogas. Y señala la situación de discriminación de la comunidad en comparación con otras comunidades autónomas de España donde se han liberado los peajes, como en el caso de Valencia, donde el Ministerio adoptó la decisión de liberarlos en la AP-7 en Alicante.
El informe recuerda que ya en 2021, con la aprobación del real decreto que introdujo las bonificaciones a los usuarios, luego ampliadas en 2024, tanto la Consejería de Fomento como el Consejo de Estado señalaron que dado el enorme compromiso de gasto previsto se debía analizar la conveniencia de rescatar la concesión, cuestión que no se abordó.
Actualización del coste del rescate
La Xunta presentó el año pasado el estudio en el que evaluaba el coste de la compensación por el rescate, aplicando una tasa de descuento del 30%, en 2.331 millones de euros, y acaba de actualizar esta estimación, elevándola a 2.356 millones de euros. La principal causa de este incremento es el lucro cesante, que aumentó en 65 millones de euros a pesar de la reducción de un año del plazo de la concesión. Esta condición se calcula como una proyección futura del resultado operativo (beneficio) de la concesión, basada en la media de los últimos 5 años, de modo que se ve incrementada por el fuerte aumento de las tarifas y la inversión en bonificaciones.
Transferencia de tráfico
El informe también destaca que el rescate de la concesión y liberación del peaje supondrá el traslado de tráfico de las carreteras convencionales a la AP-9, lo que supone beneficios ambientales (ruido, emisiones), seguridad vial, calidad de vida, ahorro de tiempo y competitividad, que podrán ser cuantificados económicamente por el Ministerio, para un mejor criterio en la toma de decisiones sobre el rescate.
Así, señaló Rueda, el tráfico «disminuiría en el centro de los núcleos urbanos, en los cruces y en numerosas vías paralelas». El documento evalúa cuatro apartados para analizar la transferencia de tráfico desde las carreteras convencionales a la AP-9. En el caso de la comparación entre la AP-9 y la A-55 Puxeiros-enlace do Porriño, el rescate podría suponer una disminución del 32% del tráfico en la A-55.
En cuanto a la AP-9 y la A-55 entre el enlace Porriño-Tui, esta transferencia eliminaría más de la mitad de los 39.486 vehículos diarios que circulan de media por esta vía, con un aumento del tráfico en la autopista del 577%. Además, en la zona de Curro-Pontevedra, se eliminaría la mitad del tráfico en la N-550 y el 33% en la PO-531 con la transferencia a la AP-9, y en el tramo entre Ordes y Sigüeiro, el tráfico en la N-550 se reduciría un 76%.
A este ahorro económico hay que añadir la posibilidad para el Estado de evitar o reducir el coste de ejecución de infraestructuras planificadas que tienen un coste elevado e impactos sociales significativos, como es el caso, por ejemplo, del tramo A Ermida–Pilarteiros de la A-57 en la variante de Pontevedra.
La Xunta insiste en que el Ministerio debe aplicar a Galicia los mismos criterios que aplicó a la AP-7 en Alicante, cuya liberalización de peajes comenzó como una medida temporal y posteriormente se consolidó por razones de interés general. Entre las razones esgrimidas por el Ministerio se encuentra el beneficio social cuantificado en 16,8 millones de euros.
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