Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) manifiestan su preocupación tras la decisión del Congreso de los Diputados de rechazar la enmienda que proponía ampliar las exenciones al uso del tacógrafo en los transportes realizados íntegramente en islas de reducida superficie. La propuesta, que había sido incorporada en el Senado durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, contó con un respaldo parlamentario limitado y finalmente no salió adelante.
La normativa europea permite que las islas con hasta 2.300 km² puedan quedar exceptuadas del uso del tacógrafo. Sin embargo, la regulación española vigente fija el límite en 250 km², lo que deja únicamente a Formentera fuera de la obligación. Esta restricción, muy por debajo del marco permitido por la UE, genera un impacto significativo en territorios donde las distancias son reducidas y la operativa diaria no se asemeja a la del transporte peninsular.
Una reclamación de las asociaciones de transportistas
La enmienda rechazada habría permitido que islas como Ibiza, Menorca, Lanzarote, La Palma y La Gomera quedaran exentas de esta exigencia. Numerosas asociaciones de transporte insular, como la FEBT perteneciente a la CETM, y diversas instituciones locales, llevan tiempo reclamando esta modificación, al considerar que el tacógrafo no aporta mejoras reales en seguridad o control en estas circunstancias, mientras sí implica trámites adicionales y costes que dificultan la actividad de las empresas del sector.
Cabe recordar que en 2017 la normativa española establecía un límite de 1.500 km² para esta exención, cifra mucho más acorde a la situación geográfica de las islas. No obstante, en 2022 dicho umbral se redujo sin explicaciones suficientes y, en paralelo, se ampliaron otras excepciones en el ámbito continental para determinados servicios especializados que pueden operar en radios de hasta 100 kilómetros.
Incoherencia normativa
De igual modo, resaltar la necesidad de analizar posibles soluciones a la dificultad del cumplimiento de la normativa de descanso, en lo relativo a los embarques entre la península Ibérica y las Islas Baleares, más en concreto con Palma de Mallorca y viceversa, siempre dentro de la necesaria seguridad de los profesionales. La CETM considera que esta incoherencia normativa supone un agravio comparativo para el transporte insular, cuyos recorridos rara vez superan los 25 kilómetros.
Por ello, la organización solicita al Ministerio de Transportes una revisión urgente de los criterios actuales, con el fin de adaptarlos a la realidad operativa del sector y garantizar un marco regulatorio equilibrado, proporcionado y alineado con la normativa europea.
En este sentido, la CETM reitera su compromiso de seguir defendiendo los intereses de todos los transportistas y continuará dialogando con las administraciones para encontrar soluciones que garanticen la competitividad y la viabilidad del transporte en las islas.
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