Direbús considera una burla el nuevo mapa concesional

DIREBÚS acusa al Ministerio de Transportes y a Confebús de perpetuar el oligopolio y de ignorar las recomendaciones de la CNMC y de Ineco

DIREBÚS acusa al Ministerio de Transportes y a Confebús de perpetuar el oligopolio y de ignorar las recomendaciones de la CNMC y de Ineco

La Asociación de Empresas de Autocares de Transporte Regular General, Regular de Uso Especial y Discrecional Turístico DIREBÚS, considera que el «Nuevo Nuevo Mapa Concesional» cuya futura licitación se acaba de anunciar en el Diario Oficial de la Unión Europea es una burla que supone una reedición maquillada del modelo vigente de autobús de larga distancia.

Duda también de sus posibilidades de que salga adelante y cree que, tanto si fructifica como si no, sólo contribuirá a perpetuar un sistema caro, ineficiente, injusto y que deja fuera a las pymes del sector, siempre para beneficiar el oligopolio de los concesionarios históricos.

«El Ministerio de Transportes ha dado muchas vueltas, todo para devolvernos al punto en el que estábamos, y con el único objetivo de beneficiar a los de siempre. Este mapa será básicamente idéntico que está hoy en vigor, que ellos mismos reconocían como desastroso. No moderniza nada: consolida los mismos errores, los mismos corredores inviables y las mismas barreras que mantienen al sector estancado desde hace más de tres décadas, dejando a las pymes del autobús completamente fuera«, afirma Alfonso Taborda, presidente de DIREBÚS.

Tras el plantón de las Comunidades Autónomas, tanto del PP como del PSOE, a un mapa claramente ineficiente, ahora el Ministerio ha anunciado un «nuevo nuevo mapa» aún peor, con 34 corredores en lugar de los 22 grandes ejes del anterior «nuevo mapa». Pero al hacerlo, agrupa exactamente las mismas paradas que el mapa actual, que cuenta con 75 concesiones. Esto supone reproducir los recorridos obsoletos y las relaciones no funcionales que ya fueron cuestionadas por la ingeniería pública INECO en su informe de 2022, así como por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Para la asociación, el resultado no es un nuevo modelo, sino una reorganización cosmética diseñada para favorecer a las grandes concesionarias. Con contratos más grandes, tendrán aún más posibilidades de hacerse con las concesiones, manteniendo los precios del autobús más caros de Europa y sin tener aún ninguna visibilidad sobre qué tipo de subvenciones recibirán en el futuro.

El «Nuevo Nuevo Mapa Concesional» mantiene rutas con demanda mínima -en algunos casos menos de un pasajero al día- mientras se ignoran los patrones reales de movilidad interprovincial, que las pymes asociadas con DIREBÚS serían capaces de cubrir en mejores condiciones.

El Ministerio ignora a la CNMC y a su propia ingeniería

La CNMC había dejado claro que las Administraciones Públicas deberían espaciar las licitaciones, dividir los contratos en lotes de menor tamaño y justificar toda excepción a esa regla.

El Ministerio, sin embargo, hace exactamente lo contrario: lanza todo el mapa de golpe, con corredores gigantescos, e imponiendo requisitos previos que, sin lugar a duda, expulsarán a las pequeñas y medianas empresas de todos los procesos de licitación.

«España no necesitaba un nuevo mapa, necesitaba quitar las cadenas a las pymes. Pero lo han hecho de la peor manera posible. Han anunciado un mapa del miedo. Miedo a quitar el mercado a la empresa que lleva años dominándolo con mano de hierro, miedo a competir y miedo a perder privilegios«, critica Taborda.

DIREBÚS denuncia que este «mapa del miedo» es «una autopista directa hacia la concentración del mercado», con el objetivo de blindar los privilegios de los grandes grupos históricos bajo el paraguas de una supuesta modernización.

«Lo más lógico sería que casi todos estos corredores quedasen desiertos si reflejan las mismas condiciones económicas que hemos visto en el Madrid-Valencia, con tarifas el doble de caras que las de la Alta Velocidad. Lo que nos preocupa es que, disimuladamente, se prometa a los grandes concesionarios históricos que, si se presentan en pliegos claramente no rentables, después se les pagará el favor con modelos de subvención que no aparecerán recogidos en los pliegos. Es el tipo de captura del regulador que denunció la CNMC en 2022 y que requiere que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) cambie sus estatutos para garantizar una representatividad real del sector«, lamenta Taborda.

A juicio de DIREBÚS, este «mapa del miedo» contradice, asimismo, todas las recomendaciones de INECO, la ingeniería pública que había considerado inviable el modelo actual.

Incluso si existe una promesa de subvenciones poco transparentes, la combinación de defectos técnicos, incoherencia competencial y falta de rentabilidad hará inevitable una nueva oleada de recursos, lo que previsiblemente volverá a paralizar las licitaciones y prolongará en el tiempo la existencia de las concesiones caducadas o nunca licitadas que se pretendía sustituir.

De ese modo, los grandes beneficiarios, se adjudiquen o no las concesiones, volverán a ser los grupos de siempre. Mientras, las pymes seguirán excluidas del mercado y los usuarios seguirán pagando más por un servicio peor.

Sigue siendo el mapa de Confebús

DIREBÚS critica también el papel de Confebús, la asociación dominada por los grandes operadores, especialmente por uno, por su connivencia con un modelo que ahoga a las empresas pequeñas y su oposición férrea a cualquier apertura del mercado o reforma real.

«Resulta escandaloso ver cómo quienes viven de las concesiones caducadas aplauden un mapa que garantiza su continuidad de un modo u otro», afirma DIREBÚS. «El Ministerio puede cambiarle cien veces el nombre al mapa, pero sigue siendo el mapa de Confebús, o al menos de la empresa que controla Confebús. Hay otras grandes empresas que ya no tienen miedo y reconocen abiertamente que este modelo es insostenible y que les está expulsando».

DIREBÚS concluye que este «mapa del miedo» repite los errores técnicos y legales del pasado, según los propios informes de INECO y la CNMC. Bloquea la competencia al concentrar contratos que excluyen a las pymes, perpetúa la precariedad jurídica del sistema, ya que será desafiado en los tribunales; desatiende la realidad territorial y la coordinación con las comunidades autónomas y terminará dejando el sistema en manos de quienes no dejan de engrasar el sistema para que siga siendo así.

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