El régimen sancionador español contra las VTC ha cruzado una nueva línea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite una demanda contra el Reino de España por las prácticas que permiten inmovilizar de forma inmediata un vehículo VTC ante una simple denuncia administrativa, sin que la sanción sea firme y exigiendo el pago anticipado de multas de hasta 4.001 euros como condición para levantar la medida.
La inmovilización del vehículo, previsto en el artículo 143.4.a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), no se aplica al taxi pero sí a la VTC, generando una discriminación evidente y un trato desigual entre operadores.
Cabe recordar que el requisito utilizado por el AMB para denegar la autorización urbana en la práctica totalidad de los casos, había resultado anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que los tribunales están ordenando al AMB retrotraer sus actuaciones, otorgando la correspondiente licencia en caso de que cumplir con el resto de los requisitos establecidos en la normativa.
La situación actual de las VTC
Para Unauto VTC Catalunya, la asociación más representativa del sector en la región, la situación es “insostenible e injustificable”. Miles de profesionales sufren pérdidas económicas irreparables por decisiones desproporcionadas y carentes de garantías jurídicas, tomadas “sin prueba de infracción ni sentencia firme”. La patronal recuerda que esta inmovilización automática no existe en ningún otro sector y que “ningún vehículo de taxi es inmovilizado por motivos administrativos similares”.
La admisión a trámite por parte del TEDH es un hecho extraordinario —solo el 10% de las demandas presentadas logran superar este filtro— y supone que el tribunal considera que los hechos alegados merecen un examen en profundidad. Aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, la decisión abre la puerta a una posible condena al Reino de España por vulneración de derechos fundamentales.
“El TEDH ha dado el primer paso para examinar una práctica que castiga sin juicio previo, discrimina a todo un sector y destruye empleo. Es hora de que las administraciones dejen de mirar hacia otro lado”, ha afirmado José Manuel Berzal, Presidente Ejecutivo Nacional de Unauto VTC.
A pesar de la advertencia de Europa, Élite Taxi anunció nuevas formaciones a policías locales. Ante este anuncio, Berzal considera “indignante que, con el Tribunal de Derechos Humanos ya mirando hacia Cataluña, sigamos viendo cómo una organización privada como Élite Taxi se arroga funciones propias de las fuerzas de seguridad, anunciando formaciones a policías locales y participando activamente en actuaciones sancionadoras contra nuestros conductores. No existe en Europa un precedente semejante, y esto demuestra hasta qué punto se ha normalizado una persecución institucionalizada contra nuestro sector”.
Unauto VTC Catalunya exige la suspensión inmediata de la práctica de inmovilización automática y la revisión urgente del marco sancionador, para garantizar la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica de miles de conductores que prestan un servicio legal y esencial en Cataluña. En este sentido, la patronal ha mandado una carta a la presidenta del IMET, Laia Bonet, en la que la insta a realizar esta revisión y le ha solicita una reunión urgente para encontrar soluciones a esta situación.
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