«Después de un año nos encontramos en la misma situación que en enero de 2025, donde en la votación parlamentaria para la convalidación del máximo de facturación por módulos, fue denegada generando una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para miles de transportistas.
Volvemos a denunciar la ineficacia del Gobierno para garantizar una Ley tributaria a medida de las necesidades de las pequeñas empresas de transporte (entre 1 y 10 camiones)», alerta en un comunicado la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte que preside Manuel Hernández.
«Todas estas medidas han sido presentadas al Gobierno por Plataforma en varias ocasiones en los últimos 4 años, para terminar, teniendo una Ley tributaria justa, sin limitaciones ni incertidumbres, sin dividir ni enfrentar a los transportistas de un camión con el resto», continúa la nota.
Recordemos que en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre de 2025, el Ejecutivo aprobó mediante Real Decreto-Ley la extensión por un año más del umbral de ingresos de 125.000 euros anuales que permite a los profesionales del transporte por carretera mantenerse en el sistema de estimación objetiva (módulos).
Esta medida afecta aproximadamente a 30.000 autónomos del sector, que podrán continuar tributando bajo este régimen durante 2026, si en 2025 no han rebasado los 125.000€ de facturación.
Cabe poner de manifiesto que es un “Trámite parlamentario pendiente”. Al tratarse de un Decreto-Ley, la norma requiere ser ratificada por el Congreso durante el mes de enero. La fragmentación parlamentaria actual genera cierta incertidumbre sobre su convalidación definitiva.
Hacienda tiene las herramientas necesarias para garantizar una Ley tributaria donde se controle los km anuales y la facturación, así comprobar que a los transportistas no se les pague por debajo de Observatorio de Costes, poniendo de esta manera en valor la Ley de costes, y sancionando a los cargadores que no la hayan respetado.
Solo así conseguiremos que los precios del transporte garanticen una rentabilidad al transportista efectivo, y la tendencia en el mercado marcará su propio suelo en respeto a la Ley de costes.
No podemos obviar la vulnerabilidad que tenemos los transportistas ante la posición dominante de los cargadores, y de ahí que los legisladores deben proteger y garantizar un mercado justo, que erradique la especulación y el “mercadeo” de los intermediarios, que sin camiones revientan los precios.
De esta manera, las liquidaciones de IVA no supondrán ningún problema, ya que el precio del transporte sin IVA, cubriría todos los costes más un beneficio suficiente y necesario para la viabilidad de cualquier negocio.
Por otro lado, el IRPF o el impuesto de sociedades, donde no debería de ser mayor de un 10% el gravamen sobre los beneficios, somos el sector más gravado a impuestos y tasas, donde pagamos por todo, y, en consecuencia, más del 10% de impuestos sobe beneficio significa saquear a los pequeños transportistas.
También los gastos respecto a las sociedades y autónomos, donde en la justa proporción que una sociedad, el autónomo pueda desgravarse los gastos de personal, local y mantenimiento, correspondientes a su actividad, y acorde a su volumen de negocio.
El Gobierno sigue guardando silencio ante las constantes propuestas en este sentido, no atiende al sector como debería, ni le da la importancia que todos nuestros problemas conllevan.
Desde la Plataforma hacen una llamada al resto de asociaciones de autónomos para que muestren su apoyo más allá de pedir parches que son “pan pa hoy y hambre pa mañana”.
«En Plataforma seguiremos trabajando en este sentido entre otras cosas, ya que la única manera de asumir y repercutir todos los costes actuales y futuros en el sector, es con el cumplimiento estricto de la Ley de Costes, cosa que parece ser, que a algunos les da grima reconocer y exigir», finaliza el comunicado de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte.
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