--- title: "Mi experiencia al contratar un informe pericial. Opinión" description: "A finales de 2024 necesité un informe pericial relacionado con el análisis de mi tarjeta de conductor" url: https://www.diariodetransporte.com/general/ministerios-y-leyes/mi-experiencia-al-contratar-un-informe-pericial-opinion/ date: 2026-07-15 modified: 2026-07-14 author: "Redacción de DiariodeTransporte.com" image: https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2026/07/Descarga-remota-de-datos-del-tacografo-facilitando-cumplir-la-ley-para-las_empresas-de-transporte-por-carretera.jpg categories: ["Legislación"] tags: ["conductor", "Conductor profesional", "demanda laboral", "Experiencia", "informe pericial"] type: post lang: es --- # Mi experiencia al contratar un informe pericial. Opinión !(https://www.diariodetransporte.com/wp-content/uploads/2026/07/tecnico.jpg)***José Manuel López Romero. Técnico especialista en traslados de mercancías*** No suelo publicar este tipo de experiencias, pero creo que puede ser útil para quienes, en algún momento, necesiten contratar un informe pericial para un procedimiento judicial. A finales de 2024 necesité un informe pericial relacionado con el análisis de mi tarjeta de conductor. Tras contactar con profesionales especializados, contraté el servicio y aboné 302,50 € por la elaboración del informe. En la documentación que recibí se indicaba que la ratificación por videoconferencia tendría un coste de 181,50 € (IVA incluido) y que, si debía realizarse de forma presencial, habría que valorar los gastos derivados del desplazamiento, alojamiento, dietas y el tiempo profesional. Tras revisar la hoja de encargo, comprobé que no aparece de forma expresa cómo se calcularían esos gastos ni qué ocurriría con el importe de la ratificación o con los costes asociados en caso de suspensión o aplazamiento del procedimiento judicial. Esa información no figura de forma expresa en la hoja de encargo y, en mi caso, solo conocí sus consecuencias cuando se produjo el aplazamiento del juicio. Cuando se señaló la fecha del juicio se me informó de que la ratificación tendría un coste de 200 € y que, además, era necesario realizar una provisión de fondos de 600 € para cubrir los gastos previstos de la asistencia presencial. Solicité el detalle de esa cantidad y se me explicó que incluía conceptos como desplazamiento, alojamiento, manutención, alquiler de vehículo y tiempo profesional. Con esa información realicé el pago. Días antes de la celebración de la vista, el juicio fue suspendido y aplazado hasta enero de 2028 por motivos ajenos a mi voluntad. Tras conocer el aplazamiento solicité la devolución de las cantidades abonadas. Se me reintegraron los 600 € correspondientes a la provisión de fondos, pero no los 200 € abonados por la ratificación. La explicación que recibí fue que esa cantidad correspondía a la reserva de la fecha y a la disponibilidad profesional. Asimismo, se me indicó que, cuando llegue la nueva fecha del juicio, la ratificación deberá abonarse nuevamente conforme a las tarifas vigentes en ese momento a pesar como digo, de que nada de esto figura en la hoja de encargo. Como consecuencia de estos hechos, he ejercitado las acciones legales que he considerado oportunas. En la demanda presentada se reclama la cantidad de 2.841,68 €, conforme a los conceptos que en ella se detallan. El procedimiento se encuentra actualmente pendiente de resolución. No comparto esta publicación para cuestionar a nadie ni para emitir juicios sobre la actuación de ningún profesional. Mi intención es compartir una experiencia personal que considero relevante para quienes puedan encontrarse en una situación similar. Creo que es importante revisar detenidamente las condiciones de contratación y solicitar aclaraciones cuando determinados aspectos económicos o las consecuencias de una posible suspensión o aplazamiento del procedimiento no aparezcan recogidos de forma expresa en la documentación contractual. Todo lo expuesto en esta publicación responde a mi experiencia personal y se basa en documentación que obra en mi poder, incluyendo la hoja de encargo, facturas, justificantes de pago, comunicaciones mantenidas durante el proceso y la documentación judicial correspondiente. Espero que esta experiencia pueda ser de utilidad para otras personas a la hora de contratar este tipo de servicios.