Distintitas organizaciones sindicales independientes entre las que están CST, PSIV o CUT entre otras, han emitido un comunicado de prensa sobre su postura ante los coeficientes reductores para los conductores profesionales de los transportes de mercancías y viajeros por carretera, que publicamos a continuación:
El comunicado:
«Las organizaciones sindicales que conformamos la CST (Coordinadora de Sindicatos del Transporte); PSIV (Plataforma Sindical Independiente de Viajeros), IC (Intersindical Canaria), CUT (Colectivo Unitario de Trabajadores de Aragón), SATI (Sindicat Autonom de Transports de les Illes Balears), ASC (Agrupación Sindical de Conductores de Sevilla), SU (Sindicato Unitario de Huelva), TUC-IV (Trabajadores por la Unidad de Clase de la EMT de Valencia), LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak, Euskal Herria), SITEMT (Sindicato Independiente de Trabajadores EMT Malanga), CSI (Corriente Sindical de Izquierda, Asturias), KURPIL (Donosti), SU (Sindicato Unitario de Metro de Barcelona), SIF (Sindicato Independiente Ferroviario, Alicante) y PS (Plataforma Sindical de EMT de Madrid).
Queremos dirigirnos a las personas trabajadoras del sector del transporte de personas y mercancías por carretera para informar, denunciar y llamar a la movilización inmediata ante una situación que consideramos de grave injusticia social y laboral.
En el año 2025 se aprobó el Real Decreto 402/2025 que regula la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas, toxicas, peligrosas o insalubres y donde se establece el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores aplicables a colectivos concretos.
Pero desde la DGOSS y el resto de Ministerios parece que existe una clara intención del utilizar el articulo 22.2 que establece el silencio administrativo como acto desestimatorio, condenando a nuestro colectivo a una negativa automática si la Administración no responde.
Y además condena a cuatro años sin poder presentar otra solicitud.
Esta situación supone un bloqueo deliberado a un sector que soporta jornadas interminables, alta siniestralidad, enfermedades profesionales no reconocidas, desgaste físico y mental, y condiciones laborales que ponen en riesgo la salud y la vida laboral de miles de personas trabajadoras y de los cientos de miles de usuarios que comparten la vía con ellas.
A esta situación se suma el inmovilismo y la pasividad de los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, que hasta la fecha no han impulsado una respuesta contundente ni han puesto en marcha movilizaciones reales para defender este derecho fundamental.
El tiempo corre en contra de las personas trabajadoras del transporte. La falta de presión sindical solo beneficia al Gobierno y debilita una reivindicación que requiere unidad en la calle y confrontación cuando los derechos se bloquean.
Desde la CST afirmamos con rotundidad que los derechos no se mendigan, se conquistan, y que la jubilación anticipada no se logrará sin movilización, conflicto colectivo y organización desde abajo.
El plazo administrativo finaliza el próximo mes de abril de 2026. Ante esta situación, desde la CST advertimos que, si continua la paralización se impulsarán movilizaciones y acciones sindicales, que deberán realizarse con el objetivo de forzar una respuesta antes del cierre definitivo del procedimiento.
La jubilación anticipada no es un privilegio, es una medida de justicia social para quienes sostienen el transporte y la economía a costa de su salud.
Si no hay respuesta, habrá lucha. Frente al inmovilismo, organización. Frente al silencio, movilización. Frente a la injusticia, lucha sindical».
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.