La Unidad de Policía Económica y Financiera del Gdf de Milán, en una investigación dirigida por el fiscal Paolo Storari, ejecutó ayer un decreto de embargo preventivo de emergencia por fraude fiscal contra una empresa del sector del gran comercio minorista, Aspiag service srl, concesionaria de Despar. marca comercial de supermercados, por un valor aproximado de 8 millones de euros .
La investigación se centró, como muchas otras coordinadas por la Fiscalía de Milán, en el fenómeno de la administración ilícita de mano de obra y las llamadas «reservas» de trabajadores, según informa la agencia italiana ANSA-
En particular, de las investigaciones, que también comprobaron el uso de supuestas facturas falsas, se desprende que las relaciones laborales con la empresa cliente, explica en una nota el fiscal Marcello Viola, estaban protegidas por empresas «filtro» que en a su vez recurrió a diversas sociedades cooperativas -empresas reserva-, que sistemáticamente no pagaban el IVA ni los costes de seguridad social y asistencia social.
Las investigaciones del Gdf se llevaron a cabo con la colaboración del Sector de Prevención de Delitos de la Agencia Tributaria. Las investigaciones se refieren a un complejo fraude fiscal resultante de la utilización por parte del beneficiario final, Aspiag :«el mecanismo de facturación ilícita para operaciones legalmente inexistentes contra la estipulación de contratos ficticios de suministro de mano de obra, en contravención del sector regulaciones, lo que condujo a la emisión y consiguiente uso de documentos falsos».
La conducta llevada a cabo por Aspiag Service, de carácter fraudulento, ha durado muchos años y ha resultado no sólo en la explotación sistemática de los trabajadores sino también en enormes daños al erario público. Además de la empresa con domicilio social en Bolzano, hay dos sospechosos. Las investigaciones se encuentran aún en su fase inicial, ya que será necesario verificar más reservas de personal, con las consecuencias obvias en términos de daños al tesoro, que parecen enormes, se lee en la disposición que subraya cómo era necesario el decreto de emergencia, Dado que la situación de explotación e ilegalidad continúa, con importantes consecuencias en términos de explotación laboral y fiscal, informan medios italianos.
También se impugnó a la empresa la responsabilidad administrativa de las entidades «en relación con las infracciones penales cometidas por los directivos de la empresa y a favor de estos últimos». Esta es una de las muchas investigaciones del fiscal Storari sobre los llamados «reservas laborales», un supuesto sistema-,como ya se ha puesto de manifiesto en los casos de Dhl, Amazon -incautando 121 millones el pasado mes de julio-, y otras empresas, a través de los cuales grandes empresas de diversos sectores, como la logística, el transporte de mercancías y también los servicios de seguridad privada, garantizan por tarifas competitivas en el mercado para contratar de manera irregular mano de obra barata que sólo trabaja formalmente para cooperativas, pero que en realidad lo hace en nombre de gigantes de la industria, sin siquiera recibir los salarios adecuados.
Por su parte Aspiag Service, ha emitido un comunicado en el que ofrece la máxima colaboración a las autoridades judiciales, entiende que ha actuado siempre correctamente y respetando la ley. «La empresa deposita la máxima confianza en el trabajo del poder judicial y espera que se pueda aclarar la cuestión lo antes posible».
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