La Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza de Prato, coordinada por la Fiscalía local del Tribunal de Prato, ha concluido una importante operación de lucha contra el contrabando aduanero, identificando al responsable de una gran importación ilegal de mercancías de origen chino.
La investigación se inició con una compleja actividad de análisis e inteligencia, que permitió centrar la atención en una empresa unipersonal situada en el Macrolotto de Prato, activa en el comercio al por mayor de ropa y calzado, ya denunciada por el Comando Provincial del Cuerpo de Bomberos de Prato por irregularidades surgidas a raíz de una intervención destinada a verificar los requisitos de seguridad contra incendios.
La actividad investigativa permitió reconstruir el mecanismo ilícito adoptado por el sujeto involucrado, basado en el uso de sociedades «pantalla» y dos sociedades «filtro» (una en Prato y otra en Nápoles), empleadas para proporcionar una cobertura documental ficticia al movimiento de las mercancías.
En realidad, los productos fueron importados directamente de China con evasión total del pago de derechos de aduana y del IVA de importación, con un daño económico estimado en más de 750.000 euros.
Tras las conclusiones de la investigación, la Guardia di Finanza ha ejecutado una orden de embargo preventivo, emitida por el Juez de Instrucción del Tribunal de Prato, sobre todos los bienes encontrados, por un valor total de 2,2 millones de euros.
La operación confirma el papel central del Ministerio Público de Prato y de la Guardia di Finanza en la lucha contra los fenómenos criminales que alteran las reglas del mercado, perjudican a los operadores económicos honestos y obstaculizan el desarrollo de un sistema productivo basado en los principios de legalidad, competencia y protección de una economía sana.
La investigación continuará para determinar posibles responsabilidades adicionales. Cabe señalar que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes hasta sentencia condenatoria firme, en cumplimiento del principio de presunción de inocencia que establece nuestro ordenamiento jurídico.
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