A petición de las oficinas de la Fiscalía Europea (EPPO) en Bolonia y Nápoles, la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza en Nápoles llevó a cabo hoy embargos preventivos en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA de 260 millones de euros, en el que está involucrada una red criminal que presuntamente importaba combustible al mercado italiano evadiendo sistemáticamente el IVA.
Los bienes incautados pertenecen a la empresa vinculada al cabecilla, un empresario de Campania condenado en primera instancia el 15 de octubre a ocho años de prisión y una multa de 8.600 euros, con la confiscación de bienes por valor de hasta 73 millones de euros y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad empresarial.
Según las pruebas recabadas por las Unidades de la EPPO en Nápoles y Verbania y la empresa Casalnuovo, la empresa estaba registrada formalmente a nombre de la esposa del condenado, pero, en realidad, estaba bajo su control. Poseía un depósito fiscal en Magenta (MI), utilizado para facilitar esquemas de fraude del IVA en el comercio de combustible. Anteriormente, en marzo de 2024, se desarticuló el grupo criminal, compuesto por 59 sospechosos y 13 empresas.
Sucursales en Italia y el extranjero
Se impusieron medidas cautelares contra ocho personas, incluidos los presuntos cabecillas. Además, en abril del mismo año, se identificaron y confiscaron bienes por valor de 20 millones de euros, entre ellos un complejo turístico y más de 150 propiedades. En el centro de la trama delictiva se encuentra una organización criminal, algunos de cuyos miembros están emparentados, que perpetró un fraude masivo del IVA en el comercio de combustibles, con sucursales en Italia y en el extranjero.
El combustible se importaba de proveedores ubicados en Croacia y Eslovenia, así como en otros países, a través de una red de más de 40 «comerciantes desaparecidos» en Italia, que desaparecieron sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Se cree que las actividades fraudulentas generaron facturas por transacciones ficticias por un total de más de 1.000 millones de euros, lo que ocasionó una deuda estimada de 260 millones de euros en IVA impagado.
Combustible a bajos precios
El grupo criminal también es sospechoso de blanquear más de 35 millones de euros procedentes de actividades ilícitas utilizando cuentas bancarias de empresas con sede en Hungría y Rumanía.
Estas sumas se entregaron posteriormente en efectivo a los autores del fraude mediante retiradas bancarias sistemáticas. La evasión del IVA también permitió al grupo revender combustible a precios extremadamente ventajosos, distorsionando los principios de la libre competencia en el mercado. La Fiscalía Europea (EPPO) es la fiscalía pública independiente de la Unión Europea, encargada de investigar, enjuiciar y llevar ante la justicia los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE.
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