El multimillonario negocio de los puertos españoles, que mueve anualmente un importe en mercancías el equivalente al 35% del PIB español, está en manos de un grupo de familias tradicionales, fondos y multinacionales. Son los principales beneficiarios de la liberación de la contratación en el sector y la quita de los privilegios a los estibadores, que hasta el momento monopolizan por ley los contratos para trabajar en los puertos.
Mucho se ha hablado del conflicto de los estibadores con el Gobierno para liberalizar la contratación de esta mano de obra, fundamental para el comercio exterior de España, ya que más de un 60% de las mercancías que mueven los puertos españoles necesita servicios de estiba.
La contratación de estibadores en puertos españoles sólo puede hacerse a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP). Es un régimen de contratación cerrado, diseñado en la época franquista y con sueldos muy superiores a la media de la población, rondando los 60.000 euros anuales. Ante esta realidad, el Gobierno permitirá una liberalización casi total que previsiblemente conllevará una precarización del trabajo.
Quienes más se van a beneficiar de la liberalización del sector son las empresas, en su mayoría controladas por oligarquías tradicionales españolas, grandes conglomerados empresariales, fondos de inversión y multinacionales.
Las más importantes de ellas están reunidas en la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) -su vicepresidente, José Luis Almazán, representa en España al fondo de inversión australiano Queensland Investment (QIC)-, aunque hay algunas grandes que no forman parte de esta asociación.
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