La Comisión Europea quiere desregular los servicios nacionales, una propuesta que España considera «desproporcionada» y que pondría en jaque el negocio de Alsa, Avanza o Arriva.
El régimen español de concesiones de transporte regular de viajeros por carretera corre peligro. Bruselas ha decidido llevar a cabo una profunda reforma de la política de transporte para promocionar los modos colectivos frente al vehículo privado con el fin de reducir los costes medioambientales y los accidentes en la carretera. Entre las herramientas para lograr sus objetivos figura la liberalización de los servicios regulares nacionales, una propuesta que ha abierto un serio enfrentamiento con España.
La propuesta comunitaria entra de lleno en la polémica sobre el transporte en España a raíz de la llegada de nuevos competidores como Uber, Cabify o Blablacar que, con sus avanzadas plataformas tecnológicas, han puesto en jaque al sector del taxi. En el mundo del autobús, el gran rival a batir es Flixbus, una compañía alemana que, con cinco años de vida, ya es el líder europeo en los servicios internacionales y ocupa el primer puesto en el ránking del mercado alemán y el francés. En España, desembarcó en 2016 y espera su oportunidad ante la expectativa abierta por Bruselas. El responsable de desarrollo del negocio en España de Flixbus, Daniel Novo, indicó a Efe este mes que el transporte de pasajeros por carretera aún no está liberalizado en España. Pero espera que esto cambie, al igual que ha ocurrido «en los principales mercados europeos».
Reformulación
Bruselas quiere reformular el reglamento europeo de transporte e introducir un nuevo régimen de autorizaciones que, en la práctica, supone dar acceso libre al mercado siempre que se cumplan una serie de condiciones. El pasado 8 de noviembre lanzó la propuesta de modificación cuyo punto más controvertido es la liberalización de las líneas regulares nacionales para aquellos trayectos superiores a los 100 kilómetros. La introducción de esta medida supondría tumbar el centenar de líneas regulares de autobús estatales y buena parte de las autonómicas que se gestionan mediante un régimen de concesiones en exclusividad con plazos de explotación de 10 años. «Se trata de una medida incongruente que el Gobierno español se ha comprometido a combatir», aseguran los representantes de las empresas españolas.
Esta desregulación supondría dar un golpe mortal al sistema español. Se trata de una medida que afecta a un negocio que mueve unos 700 millones de euros entre las más de 1.000 concesiones (un centenar son estatales y las administra el Ministerio de Fomento). La compañía más afectada por la reforma comunitaria es Alsa, ya que su cuota de mercado supera el 50%. Otras compañías afectadas por la reforma son Avanza, Monbus, Vectalia, Moventia y Arriva, entre otras.
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