Para la Asociación Francesa de Empresas de Transporte FNTR el decreto número 2016/418 que regula el desplazamiento de los trabajadores en el transporte por carretera como consecuencia de la aplicación de la Ley Macron que se publicó en el Diario Oficial el pasado 9 de abril, aun no esta claro del todo como se aplicará para prevenir el cabotaje ilegal.
Reconocen que este decreto fué visto por la profesión como una primera señal por parte del Gobierno francés para luchar contra la competencia desleal y para ayudar a la protección de los trabajadores desplazados, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del mercado, tal y como señaló en su dia Alain Vidal, Secretario de Estado de Transportes. Pero la asociación FNTR cree que en lugar de regular la competencia desleal, esta nueva legislación va a conseguir un aumento del cabotaje por parte de las empresas que realizan transporte internacional.
En una editorial publicada ayer por la asociación señalan directamente a este Decreto ya que en el momento de publicarse no se refiere claramente a si el cabotaje es en transito por el pais en el transporte internacional. En el editorial sostiene que: «Obligar a las empresa extranjeras a que paguen a sus conductores el salario frances nada mas entrar en el país, puede suponer que la competencia entre estas empresa sea mas cara y por lo tanto menos atractivo este transporte en cuanto a precio. Pero olvida el decreto que cuando se aplica el pago porque los conductores trabajen en un pais extranjero, los impuestos sobre las nóminas de esos trabajadores se siguen pagando en el pais en el que esta establecida la empresa. Por lo que el sueldo puede ser pagado de acuerdo con las leyes europeas. Por lo que estos beneficios no repercuten para una mayor compensacion al conductor».
Por otra parte la asociación francesa de empresas de transporte considera que debería publicarse la lista de trabajadores extranjeros que trabajan en Francia antes de la entrada en vigor del Decreto, así como especificar las mediadas que se aplicarán a partir del 1 de julio de 2016 en el transporte por carretera para combatir el cabotaje ilegal y luchar contra el dumping social.
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