En junio, la Generalitat aprobó un código que exige etiquetar en catalán a las empresas que vendan sus productos a cualquier organismo público dependiente del Govern. Además, la ley, que recibe el extraño nombre de norma de contratación pública socialmente responsable, esconde más sorpresas, como que los trabajadores de las firmas que atienden al público deban estar acreditados para hacerlo en catalán.
Pues bien, dos meses después de la aprobación del texto, ya se aprecian las consecuencias. De momento, Coca-Cola y Font Vella (del grupo Danone), están vetadas y no podrán venderse en los organismos públicos porque no etiquetan en catalán.
En círculos políticos de esta autonomía, comentan que es sólo el principio y que muchas otras empresas, más tarde o más temprano, se verán afectadas por esta política excluyente. «El código es otra muestra de la deriva de este Gobierno, dedicado a castigar a las empresas. Cada vez lo tienen más difícil», se queja un diputado del Parlament.
Fuente: eleconomista.es
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.