(EFE).- Agentes de la patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Sant Carlers de la Ràpita han imputado como investigados a dos hombres de 20 y 42 años, vecinos de Amposta, como presuntos autores de un delito de falsedad documental en vehículos pesados de transporte de mercancías.
A mediados del mes de marzo, durante una inspección fiscal en un parking de Amposta, agentes de la Guardia Civil realizaron la prueba de gasóleos a un vehículo pesado y detectaron que utilizaba gasóleo bonificado tipo «B», pese que su uso está prohibido para este tipo de vehículos dedicado al transporte.
El conductor manifestó que no disponía de la documentación preceptiva, por lo que el vehículo quedó inmovilizado.
Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta la sede social de la empresa propietaria del vehículo, ubicada en la misma localidad, para comprobar la documentación del vehículo inmovilizado, así como la inspección de los depósitos petrolíferos utilizados para el repostado de vehículos.
Durante la inspección, los agentes descubrieron en el perímetro exterior de la empresa que uno de los vehículos pesados que se encontraban estacionados en el interior tenía las mismas placas de matrícula que el que se había inmovilizado momentos antes en un aparcamiento público, por lo que sospecharon de la probable falsificación de placas de matrícula.
Por este motivo se solicitó al juzgado en funciones de guardia de Amposta un mandamiento de entrada y registro de la sede social de la empresa, lo qu ese llevó a cabo el 16 de marzo, cuando se hallaron en su interior dos vehículos pesados dedicados al transporte de mercancías a los que se les habían quitado las placas originales correspondientes al número de bastidor.
También, en una zona reservada como taller se descubrieron 21 placas de matrícula, pertenecientes a otros vehículos, varias placas con número de bastidor, material para su instalación, así como un depósito que contenía 4.000 litros de gasóleo bonificado que quedó precintado por observar varias infracciones administrativas.
Posteriormente, la Guardia Civil realizó diversas investigaciones para localizar los vehículos originales, de los cuales se habían duplicado las placas de matrícula, uno de los cuales pertenecía a una mercantil diferente ubicada en Deltebre y que es ajena.
Durante las actuaciones realizadas, también se detectaron varias infracciones administrativas ejecutadas por los implicados, por lo que los agentes levantaron 8 actas-denuncia; 2 por infracciones tributarias a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, 3 a la Ley 21/1992 de Seguridad Industrial y 3 al Decreto Legislativo 1/2009 regulador de Residuos, cuya sanción en su totalidad podría ascender a más de un millón de euros.
Tras la toma de declaración en calidad de investigados, los responsables de la mercantil fueron puestos a disposición del juzgado de funciones de guardia de Amposta como presuntos autores de cinco delitos de falsificación documental, en modalidad de delito continuado. (Foto: Archivo Diario de Transporte)
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