CETM pide que los agricultores dejen de cortar carreteras para llevar a cabo sus protestas

La CETM considera que se están rebasando todos los límites al continuar con este tipo de acciones

La CETM considera que se están rebasando todos los límites al continuar con este tipo de acciones

Ante las nuevas protestas convocadas por organizaciones de agricultores españoles y franceses para el próximo lunes, 3 de junio, en las que prevén cortar las fronteras durante al menos 24 horas, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) denuncia que, una vez más, el transporte de mercancías por carretera vuelve a ser el gran perjudicado de dichas movilizaciones. 

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En un comunicado, la patronal considera que se están rebasando todos los límites al continuar con este tipo de acciones, más aún cuando son las empresas y autónomos del sector las que se encargan de hacer llegar sus producciones. El año se inició con fuertes protestas que, en muchos casos, supieron el corte de las principales vías de comunicación durante largos periodos de tiempo, abocando al sector a acarrear con fuertes pérdidas económicas.

Cada día cruzan la frontera más de 20.000 camiones y mantener un vehículo parado supone 600 euros al día, por lo que estaríamos hablando de 12 millones de pérdidas diarias. Eso sin contar que, como consecuencia de estos paros, hay mercancías que tienen que desecharse y/o entregas que se retrasan.

No hay que olvidar que el 95% de las mercancías se mueven por carretera, entre las que se incluyen alimentos básicos, pienso para animales, medicinas y material sanitario cuya demora puede suponer consecuencias irremediables.

Además, el sector no solo sufre daños económicos, sino que, en estas situaciones, muchos conductores se ven atrapados en las vías sin poder acceder a servicios básicos de higiene y comida y no es justo que tengan que vivir esas condiciones, señalan desde la patronal.

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Tal y como ha reiterado la CETM en numerosas ocasiones, el transporte no puede ser el rehén de las protestas y ha de garantizarse el derecho a la libre circulación de personas y mercancías, por lo que pide, tanto al Gobierno español como a la Generalitat catalana y el Gobierno vasco, que eviten estos cortes actuando con previsión e impidiendo que se prolonguen en el tiempo.

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